El analista Raymundo Riva Palacio lanzó duras críticas contra el discurso anticorrupción del gobierno actual, señalando que la falta de investigaciones sobre incrementos patrimoniales no explicados y posibles conflictos de interés pone en duda la integridad ética del movimiento oficialista.
En su reciente columna de opinión, el periodista expuso situaciones que involucran a figuras clave como Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit; Carlos Ulloa, titular de Birmex; y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
Dudas sobre el patrimonio de funcionarios
Riva Palacio detalló que las finanzas de Romero Oropeza, quien anteriormente dirigió Pemex, presentan inconsistencias, pues su declaración patrimonial muestra una fortuna que supera los 47 millones de pesos, además de siete millones en cuentas bancarias y propiedades compradas de contado.
De igual forma, señaló a Carlos Ulloa, colaborador de la presidenta Claudia Sheinbaum, por la adquisición de dos departamentos con un valor mayor a los 22 millones de pesos entre los años 2020 y 2023, pagos que el funcionario justificó mediante ahorros y una herencia.
Al respecto, el columnista subrayó la necesidad de que las autoridades actúen:
«La corrupción no comienza necesariamente cuando se les dicta sentencia, sino cuando un funcionario no puede explicar convincentemente por qué su patrimonio, sus negocios, sus contratos o su nivel de vida son compatibles con sus ingresos»
. Asimismo, cuestionó por qué la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha verificado si estos movimientos en efectivo cumplen con la ley.
Señalamientos contra Mara Lezama
El análisis también incluyó a la gobernadora Mara Lezama, a quien se le vincula con un presunto conflicto de interés debido al uso frecuente de aeronaves privadas, en al menos 97 ocasiones, pertenecientes a la empresa Seguritech, compañía que ha recibido contratos públicos por montos de entre 2,870 y 5,000 millones de pesos durante su mandato.
Riva Palacio advirtió sobre la gravedad de esta situación:
«Esto constituye un claro conflicto de interés, que aparece como delito en el Código Penal Federal, y una falta administrativa grave que se sanciona con suspensión, destitución, inhabilitación temporal para un empleo público o penas económicas»
.
Crítica a la respuesta del Ejecutivo
Finalmente, el comunicador señaló que el gobierno federal parece priorizar la protección de sus allegados en lugar de ordenar investigaciones a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que, según su visión, debilita la legitimidad del proyecto político.
