El gobierno de la Cuarta Transformación enfrenta un reto tecnológico crítico: la falta de un marco legal que regule la inteligencia artificial (IA) mientras el país busca alcanzar la soberanía tecnológica. Aunque la administración de Claudia Sheinbaum ha priorizado la transformación digital mediante la inversión en supercómputo y capacitación, México carece de una ley general que establezca reglas de supervisión, obligaciones y mecanismos para gestionar los peligros de esta tecnología.
A pesar de que la presidenta Sheinbaum ha reconocido la necesidad de regular la IA y ha advertido sobre riesgos como la creación de contenidos falsos o la suplantación de identidad de políticos, el país sigue sin contar con un régimen jurídico integral. Este escenario contrasta con la Unión Europea, que desde 2024 implementó el AI Act, un reglamento que ya clasifica los sistemas según su nivel de riesgo y establece obligaciones claras para los proveedores de modelos avanzados.
Avances sectoriales y proyectos de infraestructura
La estrategia mexicana ha avanzado de forma fragmentada, enfocándose en áreas específicas en lugar de una ley transversal. Por ejemplo, se realizaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular el empleo en plataformas digitales y proteger la imagen y voz de artistas ante el uso de IA, pero esto no resuelve la necesidad de una normativa general.
En el ámbito de la infraestructura, el gobierno federal impulsa proyectos como la construcción de la supercomputadora Coatlicue, con una inversión de 6 mil millones de pesos, y la creación de una Fábrica de Inteligencia Artificial a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sin embargo, expertos señalan que contar con capacidad de cómputo no garantiza la capacidad de gobernanza, ya que la tecnología requiere de instituciones que puedan auditarla y sancionar su mal uso.
Riesgos inmediatos y brecha digital
Las amenazas de la IA para México no son teóricas, sino inmediatas. El uso de estas herramientas para la desinformación, la ingeniería social y los ataques cibernéticos representa un peligro real para la seguridad nacional y los procesos electorales. Además, el Programa Institucional de INFOTEC 2026-2030 ya identifica un aumento en la sofisticación de las amenazas digitales que el Estado debe enfrentar.
A este panorama se suma la brecha digital en el país; según datos del INEGI, aunque la conectividad ha crecido, un porcentaje de la población sigue sin acceso a servicios digitales, lo que condiciona cómo se implementará cualquier estrategia de inteligencia artificial para asegurar que no profundice las desigualdades sociales.
