Habitantes, ejidatarios y posesionarios de San Pedro Amuzgos mantienen un bloqueo de tres días frente a la Fiscalía y el Centro de Justicia en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Los manifestantes exigen que se les permita consultar la carpeta de investigación 17369/Putla/2026, la cual involucra a miembros del consejo de vigilancia y del comisariado ejidal de su comunidad.
La movilización surge tras la denuncia presentada por el profesor Heriberto Bernardino Hernández, exfuncionario municipal, en la que se señala a diversos integrantes de la localidad. Los afectados aseguran que la Fiscalía les ha impedido el acceso a los expedientes, a pesar de ser parte directa de la investigación, y demandan además garantías de protección y claridad sobre los actos de violencia ocurridos recientemente.
Antecedentes del conflicto agrario
El problema tiene su origen en un presunto intento de despojo de terrenos agrarios en la zona denominada La Playita, protagonizado por el profesor Heriberto Bernardino Hernández. Este incidente, registrado entre los meses de julio y agosto, generó una serie de denuncias cruzadas entre los habitantes de la región.
La tensión aumentó con la apertura de la carpeta 17566/Putla/2026, que contiene acusaciones por tentativa de homicidio y lesiones contra el Comisariado Ejidal. Los manifestantes cuestionaron la rapidez con la que cinco presuntos agresores fueron puestos en libertad, proceso que ocurrió en menos de dos horas, y exigieron que se investigue este proceder.
Acusaciones de influencia política
Durante las protestas, los pobladores señalaron que existe una presión política que entorpece la justicia. Acusan de tener influencia en los procesos legales a figuras vinculadas con el partido Morena, mencionando específicamente al alcalde Rogelio Román Martínez Hernández y al excoordinador de Desarrollo y Bienestar Social, Heriberto Bernardino Hernández, quien también funge como coordinador de dicho partido en la zona.
Cabe aclarar que estas imputaciones son realizadas por los manifestantes y no constituyen una sentencia o responsabilidad penal confirmada para los señalados. Los habitantes de San Pedro Amuzgos advirtieron que no levantarán la protesta hasta que la Fiscalía garantice la transparencia de los trámites y permita a las autoridades agrarias aportar pruebas y conocer el estado de las investigaciones.
