El panorama de la libertad de prensa en México enfrenta una etapa de riesgo debido a las acciones del gobierno de Morena, que mediante leyes y decisiones administrativas busca limitar la expresión de quienes critican al poder. Este fenómeno, que se percibe como un regreso a prácticas de censura, se manifiesta tanto en el acoso a periodistas como en proyectos de ley que podrían restringir contenidos de manera discrecional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura similar a la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, al utilizar las conferencias matutinas como plataformas para descalificar a la prensa. Se ha observado una tendencia hacia la propaganda oficialista en estos espacios, mientras que el periodismo profesional ha perdido terreno frente a voces que actúan como voceros del gobierno.
Distribución de recursos y criterios de selección
Un punto crítico ocurrió el pasado 5 de agosto, cuando la mandataria admitió que la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación depende de si estos muestran o no animadversión hacia su administración y su partido. Al respecto, la presidenta señaló:
“No quieren al Gobierno. ¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no les damos ‘chayote’ [embute], así, tan sencillo como eso; porque nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga. Sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias, esencialmente, es el esquema que tomamos. Hay algunos a los que no les damos: TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco. Abiertamente lo digo, porque también en particular TV Azteca, pues ustedes saben que hasta tiene que terminar de pagar sus impuestos también, porque así debe ser. Pero todos los demás medios reciben a partir de sus audiencias. Esencialmente esa es una fórmula que definimos desde que entramos al Gobierno. Y es una tercera parte de lo que se daba con (el expresidente) Peña”.
Esta declaración es vista como una confirmación de la discrecionalidad en el uso del presupuesto público, al excluir abiertamente a grandes medios de comunicación como TV Azteca, Reforma y El Universal bajo criterios que no siempre coinciden con la lógica de las audiencias.
Nuevas leyes y riesgos para la sátira
Existen preocupaciones crecientes sobre legislaciones que podrían funcionar como herramientas de censura previa. Entre ellas destaca una propuesta que busca regular la propiedad intelectual, la cual podría prohibir el uso de la identidad de instituciones públicas con fines comerciales, afectando directamente al humor, los memes y la caricatura política.
Además, se analiza la posible influencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y de normativas que podrían permitir la revisión de contenidos en radio y televisión a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El caso de una parodia en TV Azteca, que utiliza inteligencia artificial para caricaturizar a funcionarios, ha generado quejas ante el INE, lo que levanta dudas sobre si el organismo electoral actuará como un filtro de contenido.
Finalmente, la llamada «ley antimemes», que incluye sanciones de cárcel y multas, se prepara para su discusión en el Senado. Esta normativa plantea el temor de que el control sobre la imagen de las instituciones termine por silenciar la crítica social y el trabajo de los moneros y periodistas digitales.
