El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó públicamente a la exalcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, de tener una presunta relación con grupos delictivos. Durante su conferencia de prensa, el mandatario oaxaqueño reveló que estas situaciones ya habían sido comunicadas previamente a las autoridades de Puebla, subrayando la necesidad de trabajar en conjunto en la zona fronteriza que conecta a Oaxaca con Puebla y Guerrero.
Según explicó el jefe del Ejecutivo estatal, existían avisos sobre la posible complicidad de la antigua autoridad municipal con organizaciones criminales que controlaban rutas de transporte público y comercio. Esta situación afectaba la seguridad de las personas que viajan desde el estado de Puebla hacia localidades oaxaqueñas como Mariscala de Juárez o Huajuapan de León.
“Nosotros siempre comentamos, informamos al gobierno de Puebla que había una autoridad municipal que estaba coludida. La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, coludida con la delincuencia organizada”
Inseguridad en las rutas de transporte
Jara Cruz detalló que en la región se presentaban problemas constantes de robos y extorsiones dirigidos a los transportistas que circulan por la zona.
“Que casualidad que pasaba el transporte público de muchos hermanos que vienen… hacia Huajuapan de León, Mariscala de Juárez, y pues siempre eran extorsionados, los asaltaban, les quitaban su mercancía”
Estas acusaciones surgen tras una fuerte crisis política en Acatlán de Osorio, donde la administración local terminó por renunciar de forma masiva en septiembre. Guadalupe Bárcenas abandonó su puesto como presidenta municipal junto con la mayoría de los integrantes del cabildo, entre ellos regidores y el síndico, debido a cuestionamientos por falta de gobernabilidad e irregularidades.
Debido a la renuncia de las autoridades y la desaparición de poderes en el municipio poblano, el Congreso de Puebla ordenó la instalación de un Concejo Municipal. Este grupo administrativo se encargará de administrar la demarcación y asegurar los servicios públicos hasta que finalice el periodo de gobierno.
