La Secretaría de Seguridad del Estado de México aclaró que no se registró ningún motín en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez. La aclaración surge tras reportes que señalaban movimientos extraños y la presencia de humo en el recinto, situaciones que la dependencia desmintió formalmente.
De acuerdo con las autoridades, la población de internos en el penal se mantiene en calma y no se efectuaron traslados de reclusos. El reporte oficial explicó que la presencia de humo se debió a la formación de una masa de neblina, por lo que se activaron recorridos preventivos en toda la zona sin que esto derivara en la activación de códigos de emergencia o situaciones de riesgo para la seguridad del centro.
Revisiones de seguridad en curso
Desde el miércoles 30 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional, personal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Seguridad estatal llevan a cabo una inspección de rutina en las instalaciones. Estas labores, realizadas de forma coordinada entre autoridades federales y locales, tienen como objetivo supervisar el control del penal y continuarán durante el fin de semana.
Orden de la Suprema Corte sobre hacinamiento
En un contexto distinto de crisis en el sistema penitenciario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una orden para que el Estado mexicano resuelva la sobrepoblación en el penal Neza-Bordo. El Pleno de la Corte determinó que el hacinamiento en este centro puede atentar contra los derechos humanos de los internos, calificando estas condiciones como posibles tratos crueles o degradantes.
La sentencia, derivada del Amparo en Revisión 310/2025, exige la creación de un plan multidisciplinario para garantizar espacios dignos y servicios básicos. Actualmente, el Estado de México presenta retos críticos en materia carcelaria, pues concentra el 14% de la población penitenciaria del país, con más de 35 mil personas privadas de su libertad. Datos de diciembre de 2025 señalan que las prisiones mexiquenses operan con un excedente de más de 22 mil personas sobre su capacidad máxima.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que su administración colabora con los gobiernos estatales para buscar soluciones, tales como la ampliación de espacios o la aplicación de liberaciones anticipadas para adultos mayores y otros perfiles que cumplan con los requisitos legales.
