La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, presentó una propuesta legislativa para castigar con multas que podrían alcanzar los 4,274,960.73 pesos a las funerarias que retengan cenizas, restos humanos o documentos personales de los difuntos debido a disputas por pagos pendientes.
La iniciativa busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor mediante la reforma al artículo 128 y la creación del artículo 65 Quáter. Con estas medidas, se pretende evitar que las empresas de servicios funerarios utilicen elementos ligados a la dignidad de los fallecidos como una forma de presión para asegurar el cobro de sus servicios.
Nuevas reglas para el sector funerario
El proyecto de ley establece que los proveedores de estos servicios tendrán la obligación de entregar presupuestos detallados, solicitar el permiso explícito del cliente para cualquier cargo extra y respetar la libertad de los usuarios para elegir solo los servicios que deseen. Asimismo, deberán mostrar sus precios de forma clara, usar contratos que ya estén registrados y comunicar cualquier limitación técnica o sanitaria que exista.
De no acatarse estas reglas, las sanciones económicas irían desde los 1,093.02 hasta los 4,274,960.73 pesos. La propuesta también exige que, antes de cualquier contratación, se entregue sin costo un presupuesto escrito o digital que desglose los servicios básicos, los extras, los impuestos y el costo final.
Protección ante la vulnerabilidad emocional
Jiménez Zamora explicó que las personas que contratan estos servicios lo hacen en situaciones de crisis, donde la urgencia y el dolor dificultan la revisión de contratos o la comparación de precios. La legisladora señaló que la experiencia de los consumidores revela problemas como la falta de desgloses en los costos y el condicionamiento de servicios básicos a la compra de productos adicionales.
«lo que no puede hacer es convertir elementos ligados a la dignidad de la persona fallecida y al duelo de la familia en garantía de hecho»
La diputada subrayó que, aunque las funerarias mantienen sus derechos legales para cobrar lo pactado, no pueden usar los restos o documentos como garantía. Finalmente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su revisión y dictamen.
