La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, lanzó una advertencia directa contra los servidores públicos en México que tengan vínculos con el crimen organizado. Carter señaló que la administración de Donald Trump no solo perseguirá a los criminales, sino también a las redes de protección y financiamiento que operan desde el gobierno.
Durante sus declaraciones, la funcionaria dejó claro que el cargo político no servirá de escudo ante las investigaciones de Washington si se detecta complicidad con grupos delictivos.
“Si ayudan o colaboran con los cárteles, no nos importa si eres el gobernador, iremos tras ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”
afirmó Carter.
Herramientas legales y financieras contra la corrupción
Para combatir estas redes, la ONDCP informó que utilizará diversos mecanismos legales, entre los que destacan el congelamiento de cuentas, la confiscación de bienes, procesos judiciales y la solicitud de extradición. La estrategia busca desarticular tanto a los operativos de los cárteles como a las estructuras que les permiten funcionar sin obstáculos.
Este endurecimiento de la postura estadounidense ocurre en un contexto de presión para frenar el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. La funcionaria también mencionó que estas medidas se aplican cuando existen pruebas sólidas de que las personas tienen lazos con organizaciones criminales transnacionales.
Cooperación y tensiones en la frontera
A pesar de las amenazas hacia posibles funcionarios corruptos, Carter reconoció la colaboración que ha existido entre las autoridades de México y Estados Unidos durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como ejemplo de este trabajo conjunto, citó el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En este sentido, la directora destacó que el intercambio de inteligencia entre ambos países ha sido clave para operaciones exitosas. Sin embargo, la nueva línea de acción de Estados Unidos marca un límite: la tolerancia hacia la protección de criminales por parte de autoridades mexicanas ha terminado, pues Washington pretende que sus investigaciones alcancen incluso a quienes brindan apoyo desde posiciones públicas.
