La jueza encargada de supervisar el régimen de convivencia de Milan y Sasha, hijos de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, habría escuchado directamente a los menores previo a la audiencia realizada en Barcelona. De acuerdo con la información compartida por el periodista Andrés Guerra, colaborador de La Vanguardia, existe la posibilidad de que el fallo judicial termine beneficiando al exjugador de fútbol.
Propuesta de Shakira sobre los traslados
El conflicto legal actual no cuestiona la residencia de los niños, quienes viven en Miami con su madre, sino la logística de los viajes entre Estados Unidos y España. Shakira busca reformar el convenio de separación vigente para evitar que los menores tengan que realizar constantes desplazamientos internacionales hacia Barcelona durante sus periodos vacacionales.
La intención de la artista colombiana es que sea el propio Piqué quien viaje a Miami para convivir con sus hijos, especialmente en fechas como el Spring Break, Acción de Gracias y otros días feriados del calendario escolar estadounidense. La propuesta busca reducir el desgaste físico de los menores y evitar interrupciones en su rutina escolar debido a los viajes de larga distancia.
“Ella no quiere que los niños viajen como estaba acordado a Barcelona, sino que sea también él, Piqué, quien asuma esos viajes para verlos allá en Miami”
Aunque se han dado estos avances en el proceso, todavía no hay una sentencia definitiva ni certeza sobre si las condiciones de convivencia cambiarán formalmente.
Antecedentes del convenio de 2022
La raíz de la situación se encuentra en las negociaciones llevadas a cabo el 7 de noviembre de 2022, tras el fin de la relación de 12 años entre la pareja. Aquella sesión de acuerdos duró 12 horas y fue descrita como un proceso sumamente agotador para ambos involucrados.
En dicho pacto se determinó que los hijos residirían en Miami con Shakira a partir de 2023, estableciendo que Piqué mantendría un esquema de visitas que incluía viajes a Estados Unidos y estancias de los niños en España durante las vacaciones de verano y Navidad. El nuevo proceso judicial busca revisar precisamente la distribución de estos traslados y los días de convivencia pactados originalmente.
