La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un decreto presidencial para obligar a las empresas de redes sociales y servicios digitales a bloquear el acceso de niños, niñas y adolescentes a material violento, sexual o que incentive comportamientos de riesgo. Las compañías tecnológicas cuentan con un plazo de 30 días naturales para poner en marcha estos controles de seguridad y presentar un reporte de sus acciones.
Este anuncio surge tras un encuentro con directivos de empresas como Meta, TikTok, Google, X, Microsoft, Apple y Huawei. Durante la reunión, los representantes de estas plataformas manifestaron su disposición para colaborar, aunque solicitaron un mes para ajustar sus sistemas tecnológicos.
Medidas de control y verificación de edad
El nuevo mandato exige que las plataformas digitales implementen sistemas para verificar la edad de los usuarios y clasifiquen los contenidos según la etapa de desarrollo de quienes los consumen. Además, las redes deberán ofrecer herramientas de supervisión para padres y tutores, así como canales directos para denunciar publicaciones peligrosas.
Una de las disposiciones clave es que las cuentas de menores de edad deberán tener configuradas, de forma automática y predeterminada, las opciones más altas de privacidad y seguridad. Asimismo, las empresas tienen la obligación de identificar y borrar de inmediato cualquier perfil o posteo que promueva lo prohibido, haciendo públicos los criterios que usen para dicha detección.
Contenidos restringidos y vigilancia estatal
El decreto prohíbe la recomendación o exposición de material que fomente el discurso de odio, el extremismo, el abuso sexual, el suicidio, las autolesiones y los trastornos alimenticios. También se incluyen restricciones contra el ciberacoso, la violencia escolar y la explotación sexual. Estas reglas se basan en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga al Estado a garantizar un internet seguro para la infancia.
Para asegurar el cumplimiento, las tecnológicas deberán mantener un contacto directo con las autoridades para facilitar investigaciones y entregar evidencia cuando sea necesario. En caso de detectar contenido que ponga en peligro la vida de alguien, las plataformas tienen la instrucción de alertar de inmediato a las instituciones correspondientes.
Posibles sanciones futuras
Aunque el decreto es de cumplimiento obligatorio, la presidenta Sheinbaum aclaró que en esta primera etapa no se aplicarán multas económicas. Sin embargo, advirtió que si las empresas no cumplen con las medidas en el tiempo establecido, se buscará promover una ley que sí incluya sanciones para ellas.
“Las plataformas estuvieron de acuerdo, lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad”
La Agencia de Transformación Digital supervisará los avances, mientras que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud colaborarán con programas de prevención y orientación psicológica. El decreto comenzará a correr una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
