La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de revisión para intentar revertir la decisión judicial que otorga la calidad de víctima a la actriz Kate del Castillo y a su compañía Productions Inc. dentro del expediente relacionado con Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán.
El pasado 14 de octubre, un agente del Ministerio Público perteneciente al juzgado Tercero de Distrito Penal en la Ciudad de México interpuso este medio de impugnación. El objetivo es que un tribunal colegiado analice la sentencia que obliga a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos a reconocer a la actriz y a su empresa con dicho estatus legal.
Antecedentes del conflicto legal
La disputa jurídica se originó en abril de 2025, cuando la defensa de la actriz presentó una denuncia contra diversos servidores y exservidores públicos. La acusación sostiene que estas autoridades intervinieron de forma indebida en la investigación que se llevaba contra ella tras su contacto con el capo de la droga.
Aunque inicialmente las autoridades determinaron que Kate del Castillo y su empresa solo poseían la condición de denunciantes, al no haber pruebas de una afectación directa, una nueva resolución a finales de 2025 cambió este criterio y le otorgó el carácter de víctima para permitirle el acceso a la carpeta de investigación. Ante esto, el Ministerio Público busca que el Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal confirme, modifique o deje sin efecto esta protección constitucional.
Origen de la investigación
El conflicto tiene sus raíces en el año 2015, cuando la actriz se reunió con Joaquín Guzmán Loera en el poblado de La Tuna, en Badiraguato, con el propósito de desarrollar un proyecto cinematográfico. Tras la captura del narcotraficante, el Gobierno de México abrió una investigación por presuntos delitos de encubrimiento y lavado de dinero vinculados a la empresa tequilera de la actriz.
Si bien se determinó que no se ejercería acción penal contra ella, Kate del Castillo emprendió acciones legales contra el Estado mexicano, exigiendo una indemnización de 60 millones de dólares.
