La implementación de nuevas normativas para el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) ha generado controversia debido a que los académicos que laboran en instituciones privadas han quedado excluidos de los apoyos económicos. Esta medida, respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que solo los investigadores de centros públicos podrán acceder a estas becas, bajo el argumento de optimizar el uso de los recursos del Estado.
El debate surge tras la validación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) por parte de la Suprema Corte el pasado 19 de octubre. En dicha resolución, el tribunal determinó, con una votación de siete contra uno, que la legislación busca dirigir la investigación hacia las prioridades de la nación y el beneficio social. Sin embargo, la regulación actual penaliza a quienes, ante la falta de plazas en el sector público, han optado por trabajar en universidades o centros de asistencia privados, a pesar de que su producción científica y calidad académica siguen contribuyendo al desarrollo de México.
Impacto presupuestal y disparidad de criterios
La política de exclusión plantea una contradicción en la evaluación del mérito científico. Aunque el SNII califica la trayectoria individual y no el tipo de institución, se crea una brecha de compensación: dos científicos pueden realizar la misma investigación y tener el mismo nivel de reconocimiento, pero solo el que pertenece al sector público recibirá el incentivo económico. Se estima que los investigadores en instituciones privadas representan cerca del 6.5% del padrón total, lo que supondría un ahorro de aproximadamente 596 millones de pesos anuales para el presupuesto del SNII, el cual para 2026 se proyecta en 9,170 millones de pesos.
A pesar de este ahorro potencial, la medida es criticada por no resolver el problema de fondo: la falta de plazas para doctores recién formados. Con un presupuesto de este tamaño, el costo de financiar 200 nuevas plazas de investigación oscilaría entre el 1.7% y el 2.6% del total asignado al sistema, lo que sugiere que la exclusión no es la única vía para fortalecer la ciencia nacional.
Desafíos en la incorporación de talento científico
La realidad laboral en México muestra una saturación de profesionales altamente capacitados frente a una oferta limitada de empleos públicos. En una convocatoria reciente de la SECIHTI, más de 4,300 aspirantes compitieron por apenas 200 puestos disponibles. Ante este escenario, muchos investigadores se ven obligados a integrarse al sector privado para continuar su labor académica y de formación de estudiantes.
La regulación vigente establece un trato diferenciado para estos profesionales, lo que para diversos sectores resulta discriminatorio, ya que se les priva de un estímulo que reconoce su calidad como investigadores nacionales, independientemente de su empleador.
