El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso de Nuevo León presentó un punto de acuerdo para investigar una presunta red de triangulación financiera que involucra cerca de 7 mil 212 millones de pesos provenientes de la administración estatal. La iniciativa, impulsada por la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, busca que autoridades federales intervengan para esclarecer el destino de estos recursos.
La denuncia surge tras informes de la Auditoría Superior de la Federación, los cuales señalan movimientos de dinero hacia empresas proveedoras y constructoras que, posteriormente, habrían circulado entre diversas entidades hasta llegar a un despacho jurídico vinculado con parientes de funcionarios públicos. Los legisladores del PAN cuestionan la transparencia en el manejo de estos fondos y exigen determinar si hubo afectaciones al erario estatal.
Impacto en infraestructura y servicios
Los diputados compararon el volumen de dinero señalado con proyectos clave para el estado. Según el documento presentado, la cifra de 7 mil 212 millones de pesos sería suficiente para construir aproximadamente 6 kilómetros de línea de Metro, o bien, cubrir casi la totalidad de la Línea 4 o más de la mitad de la Línea 5 del sistema de transporte.
Asimismo, señalaron una contradicción en las finanzas públicas: mientras el Gobierno del Estado reporta falta de presupuesto para el Poder Judicial, la Fiscalía y organismos electorales, se detectaron transferencias que podrían haber financiado gran parte de los procesos de justicia o de la elección de 2027. En particular, mencionaron que 728.13 millones de pesos devueltos a despachos privados alcanzarían para costear casi el 90% del proceso electoral en la entidad.
Acciones legales solicitadas
Ante la gravedad de los hechos, el Grupo Legislativo del PAN acordó solicitar tres acciones específicas:
- Un exhorto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar un análisis sobre el origen y destino de las transferencias.
- Un llamado a la Fiscalía General de la República para que dé seguimiento legal a la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación y determine posibles delitos federales.
- Un requerimiento a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León para que, durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, realice una revisión profunda sobre estos posibles esquemas de desvío.
En el texto de la propuesta, se cuestionó la postura del gobernador Samuel García, contrastando sus declaraciones personales con los hallazgos de la auditoría.
«Soy incorruptible», así dijo el gobernador, tan incorruptible que entre hot cakes y escándalos de corrupción, Samuel García ya no sabe a qué voltear primero para que no se le queme.
