La coalición Fuerza IMSS Puebla anunció que interpondrá una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia del SNTSS con el objetivo de lograr la salida de la secretaria general de la Sección 1, María Elena López de la Vega, y de su comité ejecutivo. El grupo de trabajadores señala directamente a la dirigencia de ser responsable de las agresiones sufridas por el personal de salud durante los incidentes ocurridos este lunes 9 de noviembre en las instalaciones sindicales.
Además de la acción interna, los inconformes están organizando nuevas denuncias que se presentarán ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto se suma a al menos ocho quejas ya registradas ante dicha instancia, presentadas mayoritariamente por jubilados del IMSS, derivado de la violencia registrada durante la disputa por el control de las oficinas ubicadas en la 4 Sur y 15 Oriente, en el Centro Histórico de Puebla.
Acusaciones de uso de violencia y grupos de choque
Durante una conferencia de prensa realizada este martes, el asesor jurídico del movimiento, Alejandro Conde Hernández, señaló que la dirigencia sindical utilizó la violencia para retomar las instalaciones, afectando la libertad de expresión y los derechos laborales. El abogado sostuvo que la actual secretaria general ya no representa a la mayoría de los trabajadores y pidió la intervención inmediata del Comité Ejecutivo Nacional para removerla de su cargo junto con su equipo seccional.
“La secretaria general cometió actos violentos contra sus compañeros que debe proteger y haremos la denuncia correspondiente ante la Comisión de Honor y Justicia porque se cuenta con todos los elementos, grabaciones y denuncias ante la Fiscalía“
Hernández también afirmó que se emplearon grupos de choque para desalojar el plantón, aprovechando que varios de los manifestantes se encontraban en la Ciudad de México participando en una movilización nacional del instituto.
Antecedentes del conflicto y falta de diálogo
Andrea Pérez Guzmán, integrante de la coalición, criticó que la secretaria general cerró todas las puertas al diálogo, enfocándose únicamente en recuperar las oficinas, incluso con adultos mayores presentes en el lugar. La coalición advirtió que cualquier represalia contra los trabajadores será responsabilidad directa de la dirigencia sindical.
La disputa tiene su origen en un plantón instalado hace más de un mes por trabajadores activos y jubilados, quienes rechazan un aumento salarial del 8 por ciento al considerar que no fue consultado con la base. El pasado lunes, la situación escaló a enfrentamientos físicos que incluyeron empujones y reportes de lesiones con navajas, culminando con el ingreso de la dirigencia al inmueble para reabrir las oficinas.
