El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha comenzado a ocultar el paradero de miles de personas migrantes bajo su custodia, una medida que busca acelerar los procesos de expulsión y complicar la defensa legal de los detenidos. Según se informó, la agencia retiró de su registro público la localización de más de 20 mil personas, lo que representa cerca del 30 por ciento del total de los detenidos.
Esta decisión, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), determina que aquellos individuos con órdenes definitivas de expulsión ya no aparecerán en el buscador público de detenidos. La autoridad sostiene que, para estos casos, el proceso es la deportación «simple y llanamente», sin embargo, la medida impide que abogados y familiares puedan intervenir en procesos que aún podrían tener recursos legales pendientes, como la impugnación de decisiones o solicitudes de protección.
Impacto en la defensa jurídica y casos críticos
La falta de transparencia ha derivado en una demanda ante un tribunal federal en Boston, interpuesta por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y otras agrupaciones defensoras de derechos humanos, quienes califican la modificación como ilegal. El argumento central es que el sistema primero detiene a la persona y después bloquea cualquier vía para que sea localizada y defendida.
Un ejemplo de esta problemática es el de Ann Lawani, una profesora nigeriana de 39 años detenida en California. Tras comunicarse con su familia, Lawani desapareció de los registros oficiales; sus parientes y abogados no pudieron localizarla hasta que, tres días después, se supo que había sido trasladada a Luisiana. A pesar de tener un permiso de trabajo vigente y una suspensión de deportación por riesgo de persecución, su caso se vio afectado por la opacidad administrativa.
Preocupación para la comunidad mexicana
El traslado constante de personas entre los más de 300 centros de reclusión de ICE complica la situación, ya que un detenido puede ser movido de California a estados como Texas o Luisiana sin previo aviso. Esto genera un vacío de información que afecta directamente a la comunidad mexicana, que es una de las más numerosas en territorio estadounidense.
Ante este escenario, se señala que los consulados de México tienen la responsabilidad urgente de fortalecer sus mecanismos de localización y acompañamiento jurídico. No basta con la difusión de números de ayuda; se requiere una capacidad de respuesta real para localizar a los connacionales cuando sus paraderos se vuelven desconocidos debido a estas prácticas gubernamentales.
