La Fiscalía General del Estado de España presentó una denuncia formal contra la plataforma TikTok en los tribunales de Madrid, debido a la presunta distribución de material relacionado con el abuso sexual de menores. El organismo jurídico también exigió que se eliminen de forma inmediata y urgente todos los contenidos señalados en el proceso.
La fiscal de la Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, fue la encargada de interponer la denuncia en la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid. Mediante el documento presentado, el Ministerio Público busca que se inicie un proceso judicial bajo secreto de sumario, con el fin de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y localizar a los culpables.
Hallazgos de la organización Maldita.es
El caso tomó fuerza tras una denuncia de la plataforma de verificación Maldita.es, la cual alertó sobre la existencia de más de mil videos de abuso sexual infantil en la red social, sumando un total de 48 millones de reproducciones. Según los datos de la organización, se identificaron más de 20 mil perfiles vinculados a la pedofilia que se dedican al intercambio o venta de este material, destacando que más de 7 mil de ellos operan en el idioma español.
La investigación de Maldita.es también reveló datos alarmantes, como la detección de 780 cuentas dedicadas a la captación de compradores de este tipo de contenido. Asimismo, se reportaron 91 transmisiones en vivo de menores en 17 naciones distintas, donde los usuarios piden realizar actos de índole sexual a cambio de dinero. De igual forma, se detectó un grupo de más de 2 mil personas que buscan específicamente contenido de bebés.
Acciones de la Agencia de Protección de Datos
Tras la comparecencia de los denunciantes el pasado miércoles ante la fiscalía para ratificar las pruebas, la Agencia Española de Protección de Datos informó que requerirá a TikTok información detallada sobre sus protocolos para erradicar el abuso sexual infantil de su aplicación. Una vez analizados estos datos, la dependencia evaluará la posibilidad de ordenar un bloqueo para impedir que se pueda acceder a dicho material.
