Ricardo Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez lograron recuperar su libertad hace tres semanas, luego de pasar 24 años encarcelados por un delito que nunca cometieron. Los tres hombres fueron víctimas de una detención arbitraria que se originó en el año 2002, cuando la policía de Tlaxcala los acusó de participar en un grupo de secuestradores.
El caso, que fue calificado como arbitrario por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), involucró a un grupo de familiares que fueron vinculados erróneamente con una banda denominada ‘Los Kempes’. La detención fue producto de acusaciones de la policía de Tlaxcala y la extinta Agencia Federal de Investigación, quienes utilizaron pruebas obtenidas mediante tortura para incriminarlos.
Tortura y falsas acusaciones
Los detalles del proceso revelan actos de violencia física extrema para obtener confesiones. Jorge Hernández relató que fue sacado de su domicilio en Ecatepec, Estado de México, para ser llevado a Tlaxcala, donde sufrió agresiones que le dejaron secuelas físicas permanentes.
«Incluso aquí tengo una cicatriz cuando me estampó en la pared, fue muy fuerte el golpe, pusieron mi cabeza entre la tapa y la orilla de la cisterna. A raíz de eso tengo un problema con mi ojo izquierdo, tengo un poco afuera el globo ocular y veo borroso a partir de eso. Me dijeron ‘vas a hablar, vas a hablar’»
Ricardo Almanza, quien también fue detenido, describió cómo la violencia se extendió a otros familiares que intentaban pedir informes sobre sus parientes. Según su testimonio, los agentes utilizaban grabaciones forzadas para simular actividades delictivas.
«‘Vas a tener que leer este papel, vas a levantar la bocina del teléfono y vas a decir estas palabras’, eran palabras como “dinero”, “a qué hora”, palabras que yo no le encontraba ningún sentido pero era una lista, y yo con tal de terminar la situación, les contestaba todo»
Consecuencias y búsqueda de justicia
El impacto de este error judicial afectó a varios miembros de la familia; uno de ellos, José Ramos, falleció en prisión en 2013 sin haber recibido una sentencia. Tras años de amparos y la intervención de organismos internacionales, un juez dictó la absolución y libertad inmediata de Ricardo, Jorge y Sergio el pasado 22 de octubre.
Actualmente, existen órdenes de aprehensión contra ocho policías y un ministerio público por los delitos de tortura y la detención ilegal, aunque la mayoría de los implicados han logrado ampararse. Las víctimas ahora exigen una reparación del daño por las más de dos décadas perdidas en el sistema penitenciario. Al respecto, Sergio Rodríguez señaló:
«Justicia del hombre es sentenciarlos a algo que no cometimos y no hicimos, porque ninguno de nosotros (tenía relación con los delitos), que supuestamente era una pandilla, éramos pura familia»
