Rogelio Amaya Martínez y Noé Fuentes Chavira, sobrevivientes de la tortura sufrida en el caso del coche bomba de 2010, denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha filtrado sus datos personales a una red de gestores externos. Estos presuntos «coyotes» les exigen hasta el 40 por ciento de su indemnización para agilizar el pago de la reparación del daño, el cual ha sido objeto de desacato judicial.
Los afectados señalaron que el personal de la CEAV entregó información privada, como domicilios y contactos familiares, a supuestos abogados que los visitaron para ofrecerles contratos de servicios. El objetivo de estos gestores sería cobrar una comisión del 40 por ciento del fondo de compensación derivado de la Recomendación 75/2011 de la CNDH, un recurso que las víctimas llevan siete años esperando recibir.
Red de corrupción y presuntos cobros «por debajo del agua»
De acuerdo con el testimonio de los afectados, otros tres hombres detenidos en el mismo incidente de 2010 ya recibieron sus pagos tras aceptar los términos de estos gestores. Amaya denunció que parte de ese dinero se destina a funcionarios dentro de la propia institución.
«Andan los mentados ‘coyotes’, abogados que ofrecen dinero adentro, con ellos mismos (en la CEAV) para agilizar los trámites y lleguen reparaciones más grandes, para posteriormente hacer el reparto de moche»
Amaya detalló que existen pruebas de que la colaboración entre particulares y empleados de la Comisión facilita los procesos de manera irregular. Además, mencionó que las resoluciones actuales no consideran adecuadamente las pérdidas laborales ni las cantidades totales que les corresponden por derecho.
Revictimización y falta de cumplimiento judicial
La situación de Amaya y Fuentes se remonta a agosto de 2010, cuando fueron detenidos injustamente por la extinta Policía Federal y sometidos a tortura para obligarlos a confesar un delito que no cometieron. A pesar de que un juez ordenó a la CEAV entregar los recursos fijados mientras se resuelve un amparo interpuesto el 25 de agosto, la dependencia no ha cumplido con la sentencia.
«Nos están torturando otra vez. La CEAV nos está haciendo lo mismo que nos hicieron en 2010, nomas que sin golpes. Es un fastidio estar peleando lo que por derecho debes tener. Nos sentimos burlados porque cuando llegan las resoluciones no especifican bien las cantidades y no nos toman en cuenta la pérdida de trabajo»
Noé Fuentes también expresó el impacto emocional de este proceso, señalando que la falta de respuesta institucional representa una nueva forma de maltrato psicológico.
Antecedentes del caso
El conflicto jurídico surge tras la Recomendación 75/2011 de la CNDH, la cual exigía al Gobierno Federal diversas acciones, incluyendo la reparación integral del daño y una disculpa pública. Hasta el momento, las víctimas aseguran que ninguna de las siete medidas ordenadas por el organismo de derechos humanos ha sido implementada plenamente.
Respecto a la responsabilidad penal, se informó que de los cinco agentes identificados como responsables de la tortura, solo uno ha cumplido una condena breve y ya se encuentra en libertad, mientras que otros exelementos de la Policía Federal enfrentan procesos por delitos distintos o permanecen prófugos.
