La diputada federal del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, denunció haber sido víctima de intimidación por parte de la subsecretaria Lucía Jazmín Torres Castillo durante una reunión celebrada el pasado 4 de agosto en la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca. El señalamiento surge en medio de una disputa por la acreditación de las autoridades municipales de San Juan Mazatlán.
Cruz Jiménez sostuvo, mediante una conferencia desde la Cámara de Diputados, que durante dicho encuentro la funcionaria realizó comentarios sobre su familia y se burló de la situación de la presidenta municipal de Santiago Choapan. La legisladora afirmó que cuenta con grabaciones de parte de esa conversación y de otros encuentros, las cuales tiene la intención de entregar exclusivamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Postura de la funcionaria y el Gobierno
Por su parte, Lucía Jazmín Torres Castillo, quien actualmente encarga la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones. La funcionaria denunció una suplantación de identidad en redes sociales y pidió que cualquier señalamiento sea probado ante las autoridades competentes, enfatizando que no debe utilizarse su edad o género para descalificarla.
Aunque se reportó que el Gobierno de Oaxaca ofreció medidas de protección a la diputada, la Secretaría General de Gobierno no atendió los cuestionamientos realizados por la prensa sobre la existencia de minutas, grabaciones o el cumplimiento de sentencias electorales relacionadas con el caso.
El origen del conflicto: San Juan Mazatlán
La controversia tiene su raíz en la validación de la elección municipal de San Juan Mazatlán, tras la cual el Tribunal Electoral ordenó la entrega de credenciales y sellos a las autoridades electas. Existe una discrepancia de versiones, ya que mientras la Sala Regional Xalapa señala una omisión por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, documentos de la Suprema Corte indican que el Gobierno estatal sostiene haber cumplido con dichas acreditaciones.
Cabe añadir que la diputada ya había manifestado anteriormente haber recibido amenazas de muerte vinculadas a su gestión sobre recursos federales para municipios oaxaqueños y a su intervención en el conflicto de San Juan Mazatlán.
