Lyadalid Martínez Domínguez, subdirectora de Administración y Proveedora de Servicios del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), está bajo investigación por su presunta participación en una contratación irregular por 60 millones de pesos a favor de la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V., adjudicada de manera cuestionada tras un cambio de última hora en una licitación multianual. La adjudicación inicial correspondía a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales S.A. de C.V., para el periodo comprendido entre marzo de 2026 y marzo de 2029.
Contrato cuestionado y denuncias previas
Según denuncias presentadas ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el giro en la adjudicación se habría dado por intervención directa de Martínez Domínguez. La empresa beneficiada, PROAM, es propiedad de Guillermo Solís, quien enfrenta múltiples procedimientos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México por denuncias de malas condiciones laborales en sus filas. Asimismo, ha sido objeto de auditorías y embargos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por incumplimientos en obligaciones laborales vinculadas a otra de sus empresas, Soles Mantenimiento.
Historial de irregularidades de la funcionaria
Martínez Domínguez acumula diversas denuncias. Una de ellas fue abordada directamente en una conferencia matutina de Palacio Nacional el 22 de diciembre del año anterior, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una investigación sobre la licitación CO-PVB-095-2025, relacionada con presuntas irregularidades en proyectos de vivienda en Hidalgo. Antes de su paso por el Infonavit, la funcionaria se desempeñó como subdirectora de Servicios Corporativos en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pagos por separación superiores a dos millones
Documentos oficiales —los oficios DCAS-CAS-EASSSC-863-2024 (renuncia), DGAS-SCH-CDHO-GOIE-USOIE-1177-2024 (programación de pago de liquidación) y DCAS-SCH-CDHO-GOIE-USOIE-1177-2024 (solicitud de pago por separación)— revelan que Martínez Domínguez recibió un pago por separación superior a los dos millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en sus movimientos institucionales.
«pev»
