La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la vinculación a proceso de tres exfuncionarios policiales de Naucalpan, identificados como María Fernanda «N», Riche Joannan «N» y Eder Joaquín «N», por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y tortura en contra de una mujer transexual. Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2025 en la avenida Parque de Chapultepec, en el municipio de Naucalpan.
Agresión tras intentar grabar detención
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima se encontraba en el lugar cuando observó que los policías intervenían contra otras personas, entre ellas Carlos «N». Al acercarse y cuestionar la razón de la detención, los agentes le ordenaron no inmiscuirse. Tras comenzar a grabar con su teléfono móvil, fue agredida física y verbalmente por los ahora imputados.
Los oficiales solicitaron refuerzos y, al llegar más unidades, María Fernanda «N» y Eder Joaquín «N» sometieron a la mujer, obligándola a borrar el video. Posteriormente, fue subida a una patrulla, esposada y trasladada a la colonia San Miguel Atoto, donde fue golpeada en múltiples partes del cuerpo antes de ser obligada a descender de la unidad.
Orden de aprehensión y prisión preventiva
Tras tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes, reunió los elementos de prueba suficientes y solicitó una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada. Los tres exagentes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición del juez.
La autoridad judicial, tras analizar los datos aportados, determinó su vinculación a proceso y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.
Derecho a la presunción de inocencia
Se recalcó que los imputados deben ser considerados inocentes hasta que un juez emita una sentencia condenatoria. En caso de ser hallados responsables, podrían enfrentar hasta 30 años de prisión por el delito de tortura y hasta nueve años por abuso de autoridad.
