La Cámara de Diputados federal ratificó este miércoles una modificación constitucional que establece un tope máximo a las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en diversas entidades públicas.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue respaldada con 458 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones durante la votación en lo general.
Detalles de la reforma aprobada
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para estipular que dichas prestaciones «no podrán rebasar la mitad de la remuneración» del titular del Ejecutivo federal, equivalente a aproximadamente 70,000 pesos. Además, prohíbe que contratos laborales establezcan condiciones superiores a este límite.
Quedan excluidas de esta regulación las Fuerzas Armadas, las pensiones provenientes de aportaciones voluntarias a cuentas individuales y aquellas constituidas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios.
Reacciones y debate parlamentario
La sesión se desarrolló mientras grupos de jubilados manifestaban su descontento en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Morena, el partido en el gobierno, defendió la iniciativa argumentando que corrige privilegios financiados con dinero público y refuerza la política de austeridad, calificando a estos beneficios como «pensiones doradas».
Sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, respaldaron la postura oficial, señalando que el sistema «no debe ser espacio para excesos» y que los recursos liberados podrían destinarse a otras prioridades nacionales.
En contraste, los partidos de oposición -PAN, PRI y Movimiento Ciudadano- mostraron críticas. Aunque apoyaron el objetivo general de eliminar pensiones millonarias, cuestionaron los artículos transitorios por considerar que podrían tener efectos retroactivos sobre personas ya jubiladas.
Noemí Luna, del PAN, dijo que su bancada votaría a favor en lo general para quitar privilegios, aunque alertó por la retroactividad; mientras que César Domínguez, del PRI, calificó la iniciativa de «regresiva y lesiva» para derechos adquiridos, mientras Claudia Ruiz Massieu e Irais Reyes, de MC, avisaron que esa aplicación «podría detonar amparos e incertidumbre jurídica».
Incluso Lilia Aguilar, del PT, anunció que presentaría una reserva para evitar la aplicación retroactiva a quienes obtuvieron su pensión de manera legal.
Próximos pasos legislativos
Tras la aprobación en lo general, el pleno procedió a discutir las reservas en lo particular. Esta reforma constitucional ya había recibido el aval del Senado el pasado 11 de marzo, con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
Para su entrada en vigor, el texto final deberá ser confirmado por la Cámara de Diputados, luego ratificado por la mayoría de las legislaturas estatales y finalmente enviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
