La aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, programada para 2027, enfrenta cuestionamientos por obstáculos estructurales que podrían comprometer su funcionamiento y afectar procesos como divorcios, pensiones alimenticias y herencias, según advirtieron magistrados, juristas y académicos durante un foro nacional en Oaxaca.
Retos presupuestarios y de infraestructura
Juan Carlos Díaz Carranza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señaló que la falta de recursos económicos es uno de los principales desafíos para la entrada en vigor de esta legislación. Subrayó que sin una inversión suficiente será difícil garantizar la infraestructura necesaria para su operación.
Díaz Carranza destacó la relevancia del Código al recordar que es el tercer ordenamiento jurídico más importante en México, solo por debajo de la Constitución y la Ley de Amparo. Además, mencionó que más del 76 por ciento de las sentencias en el país corresponden a materias civil y familiar, lo que dimensiona el impacto de su implementación.
Incertidumbre en la capacitación judicial
Otro punto crítico señalado es el impacto de la reciente reforma constitucional que introduce la elección judicial, lo que podría generar incertidumbre en la continuidad y experiencia de los juzgadores. «¿A quién capacitar?», cuestionó el magistrado Díaz Carranza, al advertir el riesgo de formar operadores judiciales que eventualmente no permanezcan en sus cargos.
La capacitación de jueces, abogados y personal judicial fue identificada como uno de los pilares fundamentales para el éxito del nuevo sistema, en un contexto donde el tiempo para su entrada en vigor se reduce.
Coordinación y diálogo social necesarios
La magistrada presidenta del Poder Judicial en Oaxaca, Erika Rodríguez, destacó que el éxito del nuevo Código dependerá del trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado, así como de la colaboración con la academia, la comunidad jurídica y la sociedad civil.
Señaló que este proceso requiere una estrategia permanente de formación y profesionalización para garantizar una justicia más efectiva, incluyente y cercana a la ciudadanía. Asimismo, resaltó la importancia de construir un modelo que atienda la diversidad social del país.
Como parte de los trabajos preparatorios, la Comisión para la Implementación del CNPCyF ha promovido ejercicios de diálogo con universidades, barras de abogados, colectivos de madres autónomas, comunidades indígenas y personas con discapacidad.
El foro, realizado en el Teatro Macedonio Alcalá, en Oaxaca, contó con la participación de figuras como el senador Javier Corral, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y el ministro en retiro Juan Luis González Carrancá, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las condiciones para evitar fallas en la implementación.
