La Corte otorgó al actor mexicano Diego Luna el derecho a recibir una indemnización por la violación de sus derechos de imagen cometida por la empresa Diageo, propietaria de la marca de whisky Johnnie Walker. La resolución ordena que se calcule el monto con base en el 40% de las ventas generadas por la campaña publicitaria que utilizó su imagen, sin deducir costos de producción o difusión.
Antecedentes del litigio y detalles del fallo
El conflicto legal, que se ha prolongado por casi catorce años, involucró el uso no autorizado de la imagen de Luna y de su familia en la campaña «Caminando con Gigantes». La Corte instruyó al juez que llevó el caso inicialmente para que dicte una sentencia definitiva aplicando esta fórmula de cálculo, vigente desde 1994, que busca castigar al infractor y disuadir conductas similares sin necesidad de que la víctima demuestre el monto exacto del perjuicio.
Debate sobre el método de cálculo y el marco legal
Este mecanismo, aunque diseñado para facilitar la reparación, ha sido objeto de debate. Algunos sectores lo consideran una herramienta de presión que puede derivar en reclamos excesivos y sentencias desproporcionadas, lo que incluso motivó ajustes en la nueva ley de propiedad industrial para establecer criterios más comerciales y realistas en casos de marcas o patentes.
En el ámbito específico del derecho a la imagen, la ley exige un cálculo convencional de los daños, por lo que la aplicación de la fórmula del 40% por parte de la Corte genera ciertas reservas y matices legales.
Reflexiones sobre el sistema judicial mexicano
El caso pone de manifiesto dos problemas estructurales. En primer lugar, la necesidad de una regulación más clara y completa del derecho a la imagen en México, especialmente en una época de máxima explotación comercial de este tipo de derechos.
En segundo término, evidencia la lentitud de la justicia en el país, donde procesos judiciales como este, que ha durado catorce años, son comunes incluso en asuntos de menor envergadura. Esta demora no solo va en contra del principio constitucional de justicia pronta, sino que también representa un alto costo para las finanzas públicas al mantener operando juzgados y tribunales durante largos periodos.
Finalmente, aunque la resolución de la Corte define la responsabilidad, la definición del monto exacto en pesos y centavos y su posterior cobro podrían llevar varios años más, según se señala en el análisis.
