En Bolivia, efectivos policiales y militares intervinieron durante la madrugada del sábado para despejar las carreteras bloqueadas y facilitar el acceso de víveres y combustibles a la ciudad de La Paz, la cual había estado sitiada durante quince días por sindicatos que protestan contra el gobierno exigiendo soluciones a la crisis económica.
Operación de desbloqueo
Según transmisiones televisivas, camiones cisterna que llevaban días varados y vehículos de carga con alimentos y productos de exportación empezaron a circular nuevamente tras la remoción de piedras y escombros. Algunos manifestantes se opusieron al avance de las autoridades lanzando piedras y artefactos explosivos improvisados.
Más de tres mil quinientos uniformados participaron en la operación sin portar armas de fuego, actuando principalmente como una fuerza disuasiva en los principales accesos a la ciudad capital para garantizar el abastecimiento de alimentos.
Declaraciones oficiales
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó a la prensa que la policía cuenta con equipamiento antimotines y el respaldo de las fuerzas armadas, las cuales «no usarán armas letales» para prevenir posibles víctimas. Por su parte, el comandante policial Mirko Sokol afirmó: «Estamos abriendo un corredor humanitario».
Consecuencias del paro
Los cortes de ruta liderados durante catorce días por la Central Obrera Boliviana (COB), junto a sindicatos campesinos y mineros, provocaron el desabasto en los mercados paceños, la falta de reservas de oxígeno en hospitales y un incremento en los precios de los productos básicos. El gobierno reportó la muerte de tres personas por falta de atención médica.
Contexto político y acusaciones
Hacia el final de la semana, las manifestaciones derivaron en actos violentos y varios sectores comenzaron a exigir la renuncia del presidente, quien carece de mayoría en el órgano legislativo y de un partido político sólido que lo respalde. El portavoz gubernamental José Luis Gálvez señaló que el gobierno atribuye las protestas a simpatizantes del expresidente Evo Morales (2006-2019), alegando que buscan «desestabilizar» la administración actual.
El mandatario advirtió en días previos: «Los que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel». Mientras tanto, representantes empresariales y gremiales han demandado acciones concretas al gobierno para asegurar la libre circulación. Según datos de estos gremios, más de cinco mil camiones y otros vehículos permanecían bloqueados en las carreteras de todo el país.
