La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contrató como consultor a Juan Carlos Sandoval, un exagente de la DEA y el FBI, luego de que Estados Unidos le retirara la visa en mayo de 2025. La medida, sin precedentes para un gobernador mexicano en funciones, desató una serie de presiones, intermediarios y negociaciones que han salido a la luz a través de audios y capturas de WhatsApp.
Sandoval, de origen mexicano, creció entre Tijuana y San Diego. Entre 2007 y 2013 se infiltró en el Cártel de Sinaloa bajo el nombre falso de José Luis Cázares, ganándose la confianza del consuegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán y participando en operaciones de alto perfil. Su equipo fue el primero en identificar y bautizar a la facción de los hijos de “El Chapo” como “Los Chapitos”. Posteriormente, trabajó en una unidad de élite del FBI hasta 2023. Su labor está documentada en libros como Hunting El Chapo y El Jefe. Actualmente, sus asesorías como agente retirado rondan los 300,000 dólares.
Sandoval operó durante un tiempo desde San Pedro Garza García, Nuevo León, donde realizó seguimiento a redes de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa. La gobernadora lo presentó como su enlace antes de hablar con los llamados “intermediarios”.
Audios revelan conversaciones y preocupaciones
Los audios comenzaron a publicarse a mediados de junio de 2026. En el primero, Marina del Pilar habla de posibles reuniones en el consulado estadounidense o en una oficina de Tijuana. Menciona a su abogado en Miami, Michael Nadler, especialista en delitos de cuello blanco, y asegura estar dispuesta a aclarar cualquier cosa por la vía legal.
En el segundo audio, la gobernadora ya no solo busca recuperar la visa, sino que aparece preocupada por una eventual extradición y sanciones. Admite haber sostenido reuniones con personal del FBI y del Departamento de Justicia, y ofrece cooperar y contar lo que ha escuchado en las mesas de seguridad, donde se maneja información sensible de seguridad nacional. Durante una de esas reuniones, se le propuso firmar una proffer letter, un acuerdo del sistema penal federal estadounidense mediante el cual una persona bajo investigación se compromete a entregar información completa y veraz a cambio de que el gobierno no use esas declaraciones como prueba directa en un juicio en su contra. La protección es limitada y no otorga inmunidad total.
Después aparecieron referencias a una posible reunión en Panamá. Marina del Pilar respondió que había caído en una trampa tendida por su antecesor y enemigo político, Jaime Bonilla, y que los intermediarios eran impostores. Un investigador estadounidense sostuvo tres reuniones presenciales con ella y consideraba que la gobernadora no les había dado lo que querían.
Hasta ahora, Marina del Pilar sostiene que nunca entregó información confidencial y que todo se canalizó a través de abogados. Las grabaciones, sin embargo, muestran una disposición clara a cooperar a cambio de resolver su situación personal.
