El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, mantiene su exigencia hacia México para que desmantele las organizaciones criminales, mientras que documentos oficiales de sus propias agencias reconocen la existencia de un vasto entramado de mafias, pandillas y redes delictivas dentro de su territorio que son esenciales para el éxito del crimen organizado transnacional.
Desde el inicio de la administración de Trump, Washington ha construido una narrativa que sitúa el origen del crimen organizado en el exterior, particularmente en México. Los cárteles mexicanos se han convertido en el centro del discurso político de la derecha y la ultraderecha, así como de las campañas electorales y las estrategias de seguridad, como si la violencia y el tráfico de drogas comenzaran al sur del Río Bravo.
No obstante, los informes oficiales del propio gobierno estadounidense presentan una realidad más compleja. El catálogo del crimen organizado en Estados Unidos incluye organizaciones penitenciarias como La Eme (Mexican Mafia), la Texas Mexican Mafia y la Aryan Brotherhood; pandillas como Barrio Azteca, Westside Wilmas, Sureños, Bloods, Crips, Gangster Disciples, Latin Kings y MS-13; organizaciones motociclistas como Hells Angels, Bandidos y Mongols; además de estructuras históricas como La Cosa Nostra y las Five Families, junto con mafias de origen ruso, europeo y asiático, todas operando sin operaciones a gran escala para desmantelarlas.
La infraestructura criminal doméstica
La DEA, el FBI y el Departamento de Justicia reconocen que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen presencia en Estados Unidos. Sin embargo, el National Drug Threat Assessment 2024 de la DEA detalla que esta capacidad depende de organizaciones estadounidenses de tráfico de drogas, pandillas callejeras, pandillas penitenciarias y distribuidores locales. Sin esa infraestructura criminal doméstica, los cárteles no podrían distribuir drogas, lavar dinero ni controlar mercados ilícitos.
En sus reportes públicos, la DEA sostiene que los grandes cárteles no distribuyen directamente las drogas dentro de Estados Unidos, sino que dependen de organizaciones locales que reciben, almacenan, transportan y comercializan los cargamentos una vez que cruzan la frontera. El FBI, por su parte, mantiene divisiones especializadas contra el crimen organizado tradicional y el transnacional, reconociendo la existencia de organizaciones domésticas capaces de todo.
Esta narrativa selectiva, que omite la realidad del crimen organizado interno, se ha convertido en una herramienta para arremeter contra el gobierno mexicano y ha sido aprovechada por sectores de la oposición para desgastar a los gobiernos de la Cuarta Transformación. El discurso político insiste en señalar hacia el sur, mientras los informes oficiales describen una estructura transnacional que se sostiene gracias a organizaciones criminales asentadas a ambos lados de la frontera.
