De los 111 aspirantes a las gubernaturas de la coalición oficialista que han tenido cargos públicos, 38 no tienen un patrimonio que pueda verificarse. Esto significa que tres de cada diez candidatos no reportan bienes a su nombre, no tienen declaraciones patrimoniales disponibles o se negaron a hacer pública esa información.
Morena inició el proceso de registro para las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que en la práctica son las candidaturas para las elecciones de 2027 en 17 estados. En total se inscribieron 277 personas, pero el partido no dio a conocer la lista completa, por lo que solo se pudo revisar la información de 120 participantes, en su mayoría funcionarios activos o exempleados públicos.
Patrimonio bajo la lupa
De los 112 aspirantes con trayectoria en el servicio público, 73 sí tienen su declaración patrimonial disponible para consulta pública. En cambio, 24 no registraron ningún bien mueble o inmueble en su declaración, en 10 casos no se encontró ninguna declaración y cuatro se negaron a hacer pública su información.
Hay casos con antecedentes de presuntas irregularidades. Por ejemplo, la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Jiménez, de quien no se hallaron declaraciones patrimoniales públicas. En septiembre de 2024, el diario Reforma reveló que posee una casa en Playas de Tijuana valuada en 16 millones de pesos. En julio de 2025 compareció ante la Sindicatura Municipal por posibles omisiones en su declaración y en octubre, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que la FGR la investiga por presuntos nexos con el CJNG.
Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, tampoco ha hecho pública su declaración patrimonial durante su gestión, aunque sí la presentó cuando fue diputada federal hasta 2021. La Auditoría Superior del Estado de Guerrero señaló su gestión por el manejo irregular de 898 millones de pesos, aunque la Suprema Corte anuló esa revisión.
José María Tapia Franco, extitular del Fonden durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, señaló en su última declaración de 2016 que no estaba de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales. En 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que adquirió un departamento de más de 6.5 millones de dólares en Miami.
La excomisionada del extinto Inai, Julieta del Río Venegas, afirmó que todos los servidores públicos están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. “La Ley General de Transparencia aplica para todos”, sostuvo.
Perfiles con señalamientos
De los 120 perfiles analizados, al menos 17 aspirantes han enfrentado investigaciones o denuncias por corrupción, irregularidades, enriquecimiento ilícito y campañas adelantadas. Entre ellos está Gerardo Octavio Vargas Landeros, expresidente municipal de Ahome, Sinaloa, quien dejó el cargo tras un contrato para rentar 126 patrullas por 171 millones de pesos sin licitación.
Las senadoras Verónica Díaz Robles y Andrea Chávez Treviño también han estado en controversias. En 2022, se reportó que una gasolinera donde es socia Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, recibió contratos por más de 3.2 millones de pesos de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas, cuya titular era Díaz Robles. Andrea Chávez ha sido señalada por actos anticipados de campaña en Chihuahua, y el 24 de enero el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua confirmó medidas cautelares en su contra.
El diputado local de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, fue denunciado en 2020 ante la FEPADE por presunta corrupción y uso del programa Sembrando Vida para promoverse como candidato a gobernador.
De acuerdo con los datos revisados, 11 aspirantes con trayectoria en cargos públicos no cuentan con declaraciones patrimoniales accesibles, cuatro se negaron a hacer pública su información y 17 tienen antecedentes de irregularidades.
