Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) procedió con la cancelación de la facultad para emitir facturas a 2 mil 205 empresas que se dedicaban a la comercialización ilícita de hidrocarburos. Estas medidas se aplicaron en un periodo comprendido entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
La presidenta explicó que, tras detectar irregularidades en los pedimentos de productos petrolíferos, la autoridad fiscal identificó negocios que funcionaban únicamente como «factureras», detallando que
«es decir, facturaban combustible cuando, en realidad, no transportaban combustible»
. La acción busca frenar la evasión de impuestos, el contrabando de combustible y la elusión fiscal en el país.
Sanciones a agentes aduanales y recintos
Durante el reporte de estas actividades, la mandataria informó que, desde el inicio de su administración, se han retirado 63 permisos a agentes aduanales por posibles vínculos con el contrabando de hidrocarburos y otras conductas delictivas. Asimismo, se han cancelado permisos en recintos fiscales que no cumplían con las normativas vigentes.
Sheinbaum Pardo destacó que la nueva Ley de Aduanas otorga mayores facultades de control, permitiendo que los agentes aduanales sean considerados responsables cuando se detecten delitos en las operaciones. Para fortalecer este esquema, el gobierno utiliza una base de datos de trazabilidad de combustibles en la que colaboran instituciones como el SAT, Aduanas, la Secretaría de Energía, Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
Impacto en la recaudación federal
El endurecimiento de los controles en las aduanas y el área fiscal ha tenido un impacto directo en las finanzas públicas. La presidenta señaló que estas estrategias han permitido un incremento en la recaudación, reportando que, únicamente durante el año 2025, los ingresos generados por las aduanas subieron cerca de 250 mil millones de pesos.
