Diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Congreso de la Unión garantizar la transparencia en las discusiones sobre las modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Los grupos demandan la apertura de mesas de diálogo públicas antes de que las comisiones legislativas emitan sus dictámenes sobre los cambios propuestos.
A través de un comunicado, los colectivos instaron a los diputados y autoridades ambientales a implementar un Parlamento Abierto integral. Este proceso debe integrar la voz de especialistas, la academia, sectores productivos, organizaciones civiles y, de manera prioritaria, de comunidades indígenas y afromexicanas.
Propuesta de mesas de trabajo temáticas
Las agrupaciones sugirieron que el Congreso organice sesiones de trabajo especializadas para analizar los ejes de la reforma, tales como la biodiversidad, el ordenamiento de los territorios, la prevención de la contaminación, la evaluación de impacto ambiental y la participación de la sociedad. El objetivo es que estos espacios sirvan para debatir el contenido de las iniciativas, identificar posibles riesgos y evaluar las consecuencias de cada modificación.
Los colectivos rechazaron que se utilice la urgencia legislativa para omitir el análisis técnico, jurídico y ambiental. Asimismo, exigieron un calendario que permita a los participantes estudiar los documentos, lo que implica la publicación oportuna de diagnósticos, estudios y las propuestas de modificación.
Exigencia de rendición de cuentas
Un punto clave de la demanda es la claridad sobre qué propuestas ciudadanas son tomadas en cuenta. Las organizaciones pidieron que el Congreso haga públicos los planteamientos presentados en el Parlamento Abierto y detalle cuáles se integrarán al proceso legislativo, solicitando además que los legisladores expliquen por qué se descartan ciertas sugerencias.
Con esto, se busca evitar que las consultas sean simples actos de escucha sin impacto real en el texto final de la ley. Se enfatizó la importancia de incluir a los pueblos que sufren directamente la degradación de su entorno como actores fundamentales en la creación de las nuevas normativas.
Protección de los derechos ambientales
El pronunciamiento subrayó que cualquier cambio a la LGEEPA debe seguir el principio de progresividad, fortaleciendo la protección del medio ambiente y los derechos humanos en lugar de debilitarlos. Aunque reconocieron que actualizar la ley es necesario debido a los nuevos retos ecológicos, insistieron en que esto no justifica un proceso apresurado.
Como antecedente, recordaron que la reforma de 1996 tomó cerca de 18 meses de debate para consolidar un marco jurídico sólido. Sobre este punto, las organizaciones afirmaron:
«No se trata de frenar una reforma. Por el contrario, se trata de hacerla bien»
Entre las organizaciones que respaldan esta petición se encuentran Greenpeace México, CEMDA, Fundar, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Amigos de Sian Ka’an, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Wildlands Network Programa México.
