La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para quienes planean adquirir una vivienda usada en Tamaulipas, con el fin de evitar riesgos al patrimonio. El organismo advirtió que es fundamental revisar la situación legal, los gravámenes y los pagos de servicios antes de entregar cualquier anticipo por una propiedad.
Al tratarse de inmuebles que ya han sido habitados, la Profeco señaló que estos cuentan con servicios públicos activos, lo que exige una inspección más detallada para no comprometer la estabilidad financiera del comprador. Entre las sugerencias principales, la institución aconsejó contar con la asesoría de un agente inmobiliario y evaluar tanto la ubicación como el estado físico de la construcción.
Aspectos clave en la revisión de inmuebles
Para identificar una buena opción de vivienda, la Profeco sugiere priorizar propiedades con menos de 30 años de antigüedad que presenten condiciones óptimas, tales como techos impermeabilizados, ausencia de humedad, pisos en buen estado y contar con estacionamiento. Una vez superada la etapa física, el siguiente paso crítico es la validación jurídica.
Respecto a los riesgos legales, la Procuraduría detalló que se deben investigar posibles deudas por créditos hipotecarios o procesos de embargo, los cuales deben estar debidamente asentados en el Registro Público de la Propiedad. Asimismo, subrayó la importancia de confirmar que el impuesto predial esté pagado y que la cuenta esté a nombre del vendedor actual.
Trámites y documentos necesarios en el estado
La falta de comprobantes de pago en servicios básicos puede derivar en problemas graves, como el corte de suministros, embargos o dificultades legales al momento de formalizar las escrituras. En el caso específico de Tamaulipas, el Instituto Registral y Catastral del Estado es la entidad encargada de expedir el Certificado de Libertad de Gravamen, documento indispensable para conocer la situación registral real de la propiedad.
Para realizar este trámite, se requiere demostrar que el predial está al corriente, además de presentar las escrituras y la documentación oficial de ambas partes. En situaciones donde la compra se gestione a través del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (IPSSET), las autoridades estatales exigen que dicho certificado de libertad de gravamen tenga una vigencia no mayor a 30 días.
