El crecimiento del comercio informal en México pone de manifiesto las carencias del modelo económico actual y la deuda que el Estado tiene con la población. Aunque la venta en la vía pública funciona como un refugio ante la escasez de empleos, la verdadera justicia social requiere que los trabajadores cuenten con seguridad social, derechos laborales y condiciones reales de crecimiento.
La situación observada en zonas como el Centro de la Ciudad de México evidencia que la informalidad no es solo un tema de falta de oportunidades, sino también de estructuras de control. En muchos casos, el acceso a los espacios públicos no es libre, sino que está gestionado por liderazgos y organizaciones que imponen cuotas a los vendedores, lo que desvirtúa la idea de una independencia económica total.
Impacto en el espacio público y la competencia
El uso desmedido de las calles genera conflictos con el derecho de otros ciudadanos al libre tránsito. Cuando los puestos obstruyen banquetas o accesos, afectan directamente a grupos vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores, lo que en la práctica equivale a una privatización de lo que debería ser un bien común.
Asimismo, se señala la desigualdad que enfrentan los comerciantes que ya operan de manera legal. Los negocios establecidos, que cumplen con el pago de rentas, impuestos y prestaciones, se ven perjudicados por una competencia desleal frente a quienes eluden sus obligaciones fiscales y laborales.
Hacia una estrategia de formalización real
La solución al problema no debe limitarse a operativos de desalojo o decomisos, pero tampoco puede ser la tolerancia indefinida. Se requiere una política integral que abarque distintos tiempos:
- A corto plazo: Crear padrones transparentes, liberar los pasos peatonales y combatir las extorsiones de grupos que controlan las zonas.
- A mediano plazo: Facilitar trámites, ofrecer créditos y asegurar que las contribuciones sean proporcionales a los ingresos, permitiendo el acceso a la seguridad social.
- A largo plazo: Fomentar la creación de empleos formales y negocios pequeños que sean sostenibles.
Finalmente, se advierte que mantener la informalidad por conveniencia política es un error que convierte una medida de emergencia en un estado permanente. La meta debe ser que la gente pueda vivir de su esfuerzo y no de la autorización de un líder local.
