El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense está enfocada en atacar las estructuras financieras que permiten la operatividad de los grupos criminales. El diplomático explicó que estas sanciones tienen como fin bloquear los bienes y las maniobras económicas de individuos y compañías que brindan soporte a organizaciones calificadas como narco-terroristas.
Mediante la difusión de un esquema explicativo en sus redes sociales, Johnson detalló que la estrategia busca identificar y destruir los sistemas de apoyo que sostienen a estas bandas. El objetivo central es rastrear el movimiento de capitales de quienes colaboran con el crimen organizado.
Estrategia contra el soporte logístico y empresarial
Según la información compartida por el representante diplomático, los cárteles no actúan solos, sino que requieren de redes amplias para el movimiento de dinero, el ocultamiento de utilidades y el financiamiento de sus delitos. Por ello, las medidas de la OFAC no solo apuntan a los líderes del narcotráfico, sino también a quienes facilitan el tráfico de armas y personas.
Las investigaciones de la instancia estadounidense también se dirigen hacia:
- Empresas que funcionan como negocios fachada para lavar dinero.
- Compañías que actúan como facilitadoras de operaciones ilícitas.
- Personas o entidades que ofrecen apoyo técnico o logístico a los grupos criminales.
El rastro del dinero como herramienta de investigación
Johnson hizo énfasis en que las transacciones ilegales dejan evidencias que las autoridades pueden utilizar para desarticular las organizaciones. Al respecto, el embajador comentó:
«Quienes lo mueven, lo ocultan o se benefician de él dejan una huella financiera. Ese rastro puede revelar conexiones dentro de la red y ayudar a las autoridades a identificar a las personas y empresas que mantienen operando a los cárteles»
Una vez que se aplican las sanciones, los activos de las personas o empresas señaladas quedan congelados bajo la jurisdicción de Estados Unidos, restringiendo cualquier tipo de transacción permitida por sus leyes. Con este esquema, el gobierno estadounidense pretende golpear la base económica, logística y empresarial que permite que los cárteles sigan funcionando.
