El Consejo Superior de Política Criminal respaldó con 14 votos a favor y solo uno en contra el proyecto de ley de sometimiento propuesto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta decisión técnica ocurre tras el avance de la iniciativa en las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes el pasado 21 de octubre de 2026.
El dictamen favorable contó con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública y los ministerios de Justicia e Interior, además del Congreso. La única oposición registrada en este organismo consultivo fue de la representación del Pacto Histórico.
Cambio de estrategia frente a la paz total
La propuesta legislativa busca dar un giro radical a la política de paz total que manejaba la administración de Gustavo Petro. En lugar de diálogos y negociaciones, el nuevo esquema propone un sometimiento unilateral a la justicia para los miembros de grupos armados y organizaciones criminales, eliminando cualquier tipo de reconocimiento político o negociación con el Estado.
El proyecto plantea un proceso de dos etapas para que las estructuras delictivas se entreguen a la justicia ordinaria. En la primera fase, que duraría máximo tres meses (con posibilidad de una prórroga), los grupos deberán entregar sus armas, presentar un listado de sus integrantes mediante un abogado externo y manifestar su voluntad de someterse a la ley. También se les exigirá liberar a secuestrados, informar sobre personas desaparecidas y entregar bienes de origen ilícito.
En la segunda etapa, la responsabilidad individual de cada integrante será determinada por jueces y la Fiscalía. Es importante señalar que las órdenes de captura y las solicitudes de extradición seguirán vigentes durante todo el proceso, y quienes ya estén en prisión no podrán acogerse a este beneficio.
Penas y beneficios para los criminales
El texto aprobado en su primer debate establece un sistema de reducción de condenas: los integrantes de menor rango podrían recibir hasta un 50% de rebaja en su pena, mientras que los cabecillas tendrían un descuento de hasta el 30%, siempre que no bajen de los diez años de cárcel. La libertad condicional se podrá solicitar tras cumplir las dos terceras partes de la condena, o incluso tras las dos quintas partes si el sentenciado ayuda a localizar desaparecidos o revela vínculos de corrupción con políticos.
Además, la iniciativa otorga al presidente la facultad, con apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, de clasificar a ciertos grupos como terroristas o actores armados ilegales, modificando la Ley 418 vigente.
Advertencias de la Corte Suprema
A pesar del respaldo del Consejo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó preocupaciones sobre la constitucionalidad de varios puntos. El tribunal advirtió que el Registro de Organizaciones Terroristas no puede usarse para señalar culpables sin un debido proceso, señalando que una lista administrativa no sustituye las pruebas necesarias para demostrar un delito de terrorismo.
La Corte también cuestionó el uso de informes de inteligencia y anexos clasificados que no tienen valor probatorio en juicios, lo cual podría vulnerar las garantías procesales. Asimismo, alertó sobre el riesgo de congelar bienes sin un control judicial claro, lo que podría derivar en confiscaciones prohibidas por la Constitución si no se demuestra el vínculo con delitos.
Finalmente, el alto tribunal señaló posibles conflictos de competencias que podrían afectar la separación de poderes, debido a las facultades extraordinarias que recibiría el presidente. El proyecto debe continuar su camino en las plenarias del Congreso antes del 4 de noviembre, fecha en la que vence la prórroga de la Ley de Orden Público.
