El Ministerio de Justicia de Costa Rica realizó el traslado de los primeros 123 internos a su nueva cárcel de alta seguridad, un centro diseñado bajo el esquema del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El complejo, denominado Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), busca combatir la actividad de las bandas delictivas en el país.
Durante el ingreso de los reos, las autoridades mostraron imágenes de los internos con el cabello rapado y uniformes color naranja en sus celdas. Entre los primeros detenidos se encuentran los sospechosos del asesinato de un oficial de policía ocurrido en el mes de mayo.
Infraestructura y objetivos del nuevo centro
La nueva prisión tiene una capacidad para albergar a 5,100 personas y cuenta con tecnología de videovigilancia constante durante las 24 horas del día. El diseño estructural fue una donación del gobierno salvadoreño, mientras que la construcción de los edificios representó una inversión costarricense de 35 millones de dólares.
El complejo está compuesto por cinco módulos que incluyen 17 celdas de 90 metros cuadrados cada una. Con la puesta en marcha de este recinto, las autoridades proyectan una reducción significativa en la saturación de los centros penitenciarios, pasando de un 59% de sobrepoblación a un 15%.
Modelo de disciplina y controversias
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, señaló que el CACCO funcionará con un régimen de disciplina estricta, enfocado en líderes de organizaciones criminales y delincuentes de alta peligrosidad.
«El CACCO es un monumento a la seguridad nacional, una respuesta contundente frente al crimen organizado y una garantía de que el Estado ejercerá su autoridad sin titubeos»
afirmó el funcionario.
Sin embargo, la implementación de este modelo ha generado críticas por parte de defensores de derechos humanos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá, se cuestionaron las condiciones de las prisiones inspiradas en el sistema de El Salvador, donde organizaciones como Cristosal han reportado muertes de internos bajo regímenes de excepción.
