La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo investigación una serie de operaciones financieras que suman 8 mil 870 millones de pesos. Estos recursos estarían vinculados a dos grupos empresariales que lograron adjudicarse diversos contratos con entidades públicas durante el periodo comprendido entre 2014 y 2026.
Dentro del monto total que se está revisando, la ASF identificó que 3 mil 790 millones de pesos fueron destinados a organismos electorales locales, mientras que al Instituto Nacional Electoral (INE) le corresponden 430 millones de pesos de dicha cifra.
Irregularidades detectadas
El proceso de fiscalización surgió tras detectar posibles conexiones entre proveedores, funcionarios y distintas empresas. Entre los hallazgos más llamativos, el organismo señaló la existencia de sociedades que, a pesar de haber facturado cientos de millones de pesos, cuentan con una plantilla de trabajadores mínima o incluso nula.
Debido a estos hallazgos, la ASF inició una investigación de oficio en la que participan el INE, organismos electorales locales, diversos proveedores y servidores públicos que tengan relación con estas transacciones.
Hasta el momento, las investigaciones siguen en curso y todavía no se han alcanzado conclusiones finales sobre las posibles irregularidades.
