Una jueza federal concedió una suspensión definitiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, respecto a su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles. Aunque la medida judicial representa un avance para su defensa, el proceso penal continúa abierto y la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene las acusaciones por un supuesto impacto de 4 mil millones de pesos al erario público.
La resolución, derivada del juicio de amparo 1085/2026, fue dictada por la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, Azucena Lazalde Íñiguez. Esta decisión impide que el caso avance hacia la etapa de juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo, el cual determinará la legalidad de la vinculación a proceso que se le impuso en julio.
Detalles de la acusación fiscal
La investigación federal se centra en la empresa Ingemar, donde Ruffo Appel, de 74 años, figura como socio fundador y secretario del Consejo de Administración. Según la FGR, la compañía habría participado en un esquema de importación ilegal de gasolina y diésel utilizando ferrotanques para el traslado de los líquidos.
La Fiscalía estima que estas operaciones irregulares habrían causado un daño fiscal de aproximadamente 4 mil millones de pesos. Cabe aclarar que esta cifra corresponde a la estimación del daño investigado y no a una condena económica definitiva, ya que el exgobernador no cuenta con una sentencia condenatoria por estos hechos.
Situación jurídica y resguardo en Ensenada
A pesar del beneficio obtenido en el amparo, el exmandatario no ha recuperado su libertad. Ruffo Appel permanece bajo la medida de prisión preventiva domiciliaria en su residencia de Ensenada, Baja California, bajo la vigilancia de la Guardia Nacional. Esta medida fue autorizada el pasado 25 de septiembre debido a su edad y estado de salud, tras haber pasado dos meses y medio recluido en el penal de El Altiplano.
La suspensión definitiva otorgada por la jueza Lazalde Íñiguez no significa que el exgobernador haya sido declarado inocente, sino que es una medida cautelar dentro del juicio de amparo para evitar que el proceso judicial produzca efectos mientras se analiza si la vinculación a proceso fue dictada conforme a la ley.
Antecedentes legales
Este no es el único movimiento legal favorable para la defensa de Ruffo Appel. Previamente, en septiembre, un Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca desestimó una queja interpuesta por la FGR contra otra suspensión que le había sido concedida por un juez de distrito. El proceso ahora deberá esperar a que la autoridad judicial resuelva el fondo del amparo actual para definir el futuro del procedimiento penal por los presuntos delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
