La presidenta de la organización civil «Diamantina Rosa», Sandra Lizette Dueñas Pérez, solicitó que se realice una investigación profunda, objetiva y sin favoritismos sobre las posibles fallas de las autoridades durante el paso de la tormenta Rachel en Ensenada. La abogada subrayó que ningún funcionario debe tener un «trato especial» debido a su puesto de trabajo.
Este llamado surge como respuesta a los comentarios realizados por Manuel Guerrero Luna, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California, tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha denuncia busca esclarecer si hubo acciones u omisiones por parte de los servidores públicos durante el fenómeno meteorológico.
Claridad sobre la denuncia ante la FGR
Dueñas Pérez precisó que el objetivo de la denuncia no es señalar a responsables de forma prematura, sino lograr que los hechos se aclaren para evitar la impunidad si se comprueban responsabilidades. Aunque reconoció que el funcionario federal tiene derecho a dar su postura y entregar documentos, advirtió que el hecho de que se hayan emitido avisos meteorológicos no garantiza que se hayan cumplido todas las leyes de prevención, vigilancia y atención de riesgos.
La defensora de derechos humanos también explicó que la existencia de alertas preventivas no significa que no exista una responsabilidad penal, por lo que el Ministerio Público es quien debe dictaminar los hechos legalmente. Por respeto al proceso, la activista indicó que no dará conclusiones anticipadas ni revelará información que deba ser analizada por las autoridades.
Búsqueda de justicia para las víctimas
La representante de «Diamantina Rosa» enfatizó que su acción no es un ataque personal ni busca una condena en los medios, sino que es una demanda de justicia y rendición de cuentas debido a la pérdida de vidas humanas. Aseguró que las familias afectadas necesitan respuestas reales mediante una investigación seria que respete el debido proceso.
“Ningún cargo público debe otorgar privilegios frente a la ley y ninguna declaración mediática sustituye una investigación ministerial”
Finalmente, la activista reiteró que la investigación debe realizarse sin distinciones para asegurar que no haya impunidad ante la gravedad de lo sucedido.
