Un jurado federal dictó un veredicto de culpabilidad contra Tyler Maxon Avalos, de 30 años, tras ser hallado responsable de difundir amenazas de daño físico contra una ex fiscal general de los Estados Unidos. El fallo se dio a conocer el 4 de noviembre de 2026 en el marco de un juicio realizado ante la jueza de distrito Susan Richard Nelson en St. Paul, Minnesota.
El fiscal federal Daniel N. Rosen informó que la condena es producto de los esfuerzos de su oficina y de las autoridades federales para combatir la violencia motivada por cuestiones políticas. Según el funcionario, el aumento de la polarización en la sociedad estadounidense ha provocado que las personas que incitan o ejecutan actos violentos contra figuras públicas sean cada vez más frecuentes y peligrosas.
Detalles de la amenaza y la investigación
De acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio, el incidente se originó tras una publicación en redes sociales realizada por el usuario @liminalvoidslip, la cual fue reportada al FBI por un ciudadano en Michigan. La publicación contenía una imagen de la ex fiscal general, Pamela Bondi, con una mira telescópica apuntando a su frente y un mensaje que la buscaba «viva o muerta, preferiblemente muerta». Además, el texto planteaba la pregunta: «¿Y si no nos atienden, qué hacemos?».
Tras una investigación del FBI, se logró rastrear la cuenta hasta Avalos. Al revisar su teléfono, las autoridades encontraron videos donde el acusado sugería que un directivo de una empresa tecnológica debería ser el siguiente en una lista de ataques, tras haber identificado la ubicación de su domicilio y el de su familia.
Antecedentes y contenido radical
El perfil de Avalos en internet mostraba una clara inclinación hacia ideologías anarquistas y contenido que celebraba actos de violencia. Entre sus publicaciones se encontraban comentarios que sugerían que el asesinato de políticos podría obligarlos a actuar correctamente y frases que instaban a la violencia contra la administración federal.
El acusado cuenta con un historial delictivo previo, incluyendo condenas por acoso grave en Minnesota y violencia doméstica en Florida, además de delitos menores relacionados con la violencia familiar. El caso fue procesado por el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Joseph S. Teirab, junto con los fiscales David Green y Benjamin Bejar.
