Un operativo político está en marcha para evitar que la líder de la oposición dentro del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes Públicos y Organismos Descentralizados del Estado de Puebla, Martha Rodríguez Salinas, participe en la contienda por la dirigencia gremial. Se planea descalificarla o incluso rescindir su plaza en el gobierno estatal, con el fin de que los afiliados solo puedan elegir entre candidatos alineados con el actual secretario general, Jhovani Oliver Gallo.
Intento fallido de controlar el Comité Electoral
El pasado viernes, la asamblea para designar al Comité Electoral del sindicato fue sabotajeada por la dirigencia saliente, que necesitaba controlar dicho órgano para invalidar a cualquier aspirante fuera de su esfera de influencia. Sin embargo, la asistencia masiva de unos 3 mil 400 trabajadores, base del sindicato en los tres poderes públicos del estado, frustró los planes de imposición.
Ante la posibilidad de perder el control del proceso electoral, se anunció un nuevo intento para designar al Comité Electoral, programado para el próximo viernes o lunes. Se rumora que podrían utilizarse grupos de locatarios de mercados a quienes se entregarían credenciales falsas para manipular el resultado.
Historia de imposiciones políticas
Este no sería el primer caso de manipulación en el sindicato. En 2013, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, se despidió de forma arbitraria a todos los aspirantes a la dirigencia que no pertenecían al morenovallismo, dejando libre el camino para el candidato oficial. Un año después, más de 14 mil empleados fueron expulsados con criterios políticos para abrir espacios a simpatizantes del régimen.
Martha Rodríguez Salinas fue una de las víctimas de aquellos despidos. Lejos de rendirse, emprendió una batalla legal que culminó en 2018 con su reinstalación, junto con otros trabajadores. Durante esos años de lucha, fundó el Movimiento por la Democracia, una organización que desde entonces ha sido vista con temor por las cúpulas sindicales.
Repetición de tácticas antidemocráticas
En 2018, el entonces gobernador José Antonio Gali Fayad impuso a Virginia Socorro Meza Cruz como secretaria general sin elección alguna. Tres años después, en 2021, se utilizó un Comité Electoral manipulado —incluso anulado por autoridad laboral— para impedir que Rodríguez Salinas registrara su candidatura.
Jhovani Oliver Gallo, cercano a Meza Cruz, asumió la dirigencia tras dos años de litigio. Ahora, se intenta repetir la fórmula: instalar un Comité Electoral sesgado que justifique la exclusión de opositores.
Argumentos cuestionables para descalificar
Se han urdido dos estrategias para impedir la participación de Rodríguez Salinas: primero, alegar que no cumple con los nueve años mínimos de antigüedad exigidos por los estatutos, pese a que cuenta con 30 años de servicio documentados. Segundo, acusarla de generar «inestabilidad» en sus centros de trabajo, argumento bajo el cual se buscaría su rescisión.
«Ambos argumentos rayan en el absurdo y forman parte de un intento de elección fraudulenta.»
La pregunta que persiste es si el actual gobierno, identificado con la Cuarta Transformación, actuará de manera tan autoritaria como los gobiernos panistas del pasado en este proceso sindical.
