La ciudad de El Cajon, en California, ha planteado un plan piloto de un año para colocar cámaras automatizadas que detecten a conductores que sobrepasen los límites de velocidad y envíen advertencias por correo a los dueños de los vehículos, en respuesta a un incremento en la conducción imprudente.
Detalles del programa y funcionamiento
El proyecto contempla la instalación de cuatro cámaras móviles de advertencia, una por cada distrito del concejo municipal. Mensualmente, se podrían enviar hasta 500 avisos a aquellos que circulen a más de 20 millas por hora por encima del límite establecido. Royal Bates, capitán de la Oficina de Operaciones del departamento de policía local, explicó que el exceso de velocidad es una preocupación creciente y que las estrategias tradicionales no son suficientes.
«El exceso de velocidad sigue siendo una preocupación creciente tanto para nuestros residentes como para nuestra ciudad», afirmó Bates. «La aplicación tradicional de la ley, por sí sola, no puede estar en todas partes a la vez; por eso debemos considerar soluciones que rompan con los esquemas convencionales».
Limitaciones legales y enfoque en conductas de riesgo
A diferencia de otros estados donde estas cámaras pueden emitir multas, las regulaciones de California solo permiten un sistema basado en advertencias. Las cámaras no pueden identificar al conductor, por lo que las notificaciones se enviarán al propietario registrado del automóvil. Bates detalló que cada aviso se asemejará a una infracción formal, pero llevará una señal de advertencia en rojo y negrita.
«El objetivo es eliminar el anonimato asociado al exceso de velocidad y generar un momento de asunción de responsabilidad», señaló el capitán policial. La movilidad de las cámaras permitirá reubicarlas rápidamente en vecindarios con repuntes de incidentes.
Preocupaciones sobre privacidad y contexto local
La propuesta surge en un contexto donde el departamento de policía de El Cajon enfrenta una demanda del Fiscal General Rob Bonta, acusado de compartir ilegalmente datos de lectores automatizados de matrículas con agencias de otros estados. Aunque algunos grupos han expresado inquietudes sobre la privacidad, el concejal Phil Ortiz defendió el uso de herramientas como Flock, que elimina los datos después de 30 días.
«Con Flock, establecimos que, transcurrido un determinado periodo de tiempo, no conservamos los datos, sino que estos se eliminan. Si pudiéramos mantenernos dentro de esos mismos parámetros, sería excelente», comentó Ortiz.
Próximos pasos y costos del proyecto
El sistema propuesto aún no ha sido revisado ni aprobado formalmente por los líderes de la ciudad, por lo que los detalles de implementación no están completamente definidos. Bates mencionó la posibilidad de que la ciudad retenga información sobre infractores reincidentes para cargarla en los sistemas de despacho policial. La implementación del programa tendría un costo estimado de 100,000 dólares, incluyendo mantenimiento, con la opción de extender el contrato por un año más.
Una residente, Anita Stewardson, reconoció los esfuerzos de la ciudad pero pidió que la nueva medida vaya acompañada de patrullajes de tráfico más frecuentes. «Necesitamos la cooperación de la ciudad, el condado y el estado para trabajar de manera conjunta y hacer que los corredores que atraviesan nuestra comunidad sean más seguros», afirmó. «Por favor, no se detengan tras haber puesto solo una curita a la situación».
