La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido posicionada como la principal líder de la oposición en México tras una serie de enfrentamientos políticos y jurídicos con el gobierno federal y el partido en el poder, Morena.
Contexto de un conflicto político
En las últimas semanas, la mandataria estatal, apoyada por una coalición encabezada por el PAN, se ha enfrentado a todo el conglomerado asociado a Morena. Este conflicto le ha permitido consolidar un liderazgo político con suficiente fuerza para crecer en el futuro inmediato. Algunos analistas comparan la actual andanada jurídica y política del gobierno federal contra la gobernadora con el proceso de desafuero que afectó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006, señalando que en ambos casos las motivaciones son esencialmente políticas.
Lo que está en juego, según se señala, es la conservación del poder, posiblemente de todo el poder, más que el estricto respeto a la ley o la soberanía nacional.
Factores internacionales y reacciones
Surge la hipótesis de que el gobierno federal mexicano, al enterarse de una presunta participación de la CIA en territorio chihuahuense y con su gobierno, se alarmó ante lo que interpretaría como un «plan desestabilizador». Este, debido a los entendimientos directos que existirían entre estructuras políticas y organizaciones criminales transnacionales, podría llevar al desmantelamiento de lo que se conoce como la «4T». La reacción furibunda ante los sucesos de Morelos, Chihuahua, precipitó casi de inmediato un primer paquete de solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, coincidiendo con el inicio de las hostilidades oficialistas contra la gobernadora.
La estrategia de control de drogas de la administración Trump, que busca reducir la oferta en las calles para contener muertes por sobredosis, y la tutela que Estados Unidos ejerce de facto sobre Venezuela, son citadas como ejemplos de la injerencia que Washington puede tener en lo que considera su patio trasero.
Fortalecimiento tras movilizaciones
La marcha convocada por la cúpula de Morena el pasado 16 de mayo contra Maru Campos resultó contraproducente para sus organizadores. La atención nacional se centró en un contingente disminuido cerca del palacio de gobierno de Chihuahua y en documentación de viejas prácticas de acarreo y acciones de repudio hacia figuras importantes del partido guinda. «Haiga sido como haiga sido», la gobernadora norteña salió fortalecida de ese evento, incrementando su popularidad y manteniéndose en el foco de atención mediante una agenda de entrevistas en medios nacionales.
Las «benditas redes sociales» reflejan que un segmento considerable de la población mexicana conectó con la postura contestataria y firme de la gobernadora frente a lo que se describe como una narrativa oficialista endeble.
Escenario legal y perspectivas futuras
Su gira en medios importantes de la Ciudad de México antecedió a la notificación de requerimientos de la Fiscalía General de la República a la mandataria chihuahuense, manteniéndola en los reflectores nacionales. Ahora, la Fiscalía federal «autónoma» parece haber intensificado su intención de proceder contra la mandataria estatal con carpetas por el caso de la CIA, a lo que se suma una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México por un presunto intento de secuestro al anterior gobernador de Chihuahua. De igual forma, ya se solicitó un juicio político en su contra.
Este escenario recuerda cómo, entre 2004 y 2005, AMLO se consolidó gracias a la respuesta ciudadana como el líder opositor de entonces tras el proceso de desafuero al que fue sometido. La pregunta que queda en el aire es si estos eventos consolidarán a Maru Campos como la líder de la oposición y qué consecuencias se precipitarán sobre el país.
