El partido Morena, junto con sus aliados PT y PVEM, logró este martes la aprobación inicial en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional que pospone la elección judicial de 2027 a 2028 y la empata con la consulta de revocación de mandato presidencial. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 341 votos a favor y 124 en contra durante una sesión del Congreso General.
Críticas y ausencias en el debate
El ambiente en el pleno estuvo marcado por las ausencias de figuras como el senador morenista Enrique Inzuza, señalado por nexos con el narcotráfico, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La oposición, representada por el PRI, desplegó pancartas con consignas críticas como «corte patito» y «no más ministros chicharrón». Desde la tribuna, el coordinador priista Rubén Moreira agitó un «acordeón» —las guías que circularon en la elección judicial pasada— para simbolizar, según él, el destino de la justicia mexicana bajo esta reforma.
«En esto se va a resumir la justicia en este país, en un acordeón», afirmó Moreira.
Contenido de la reforma judicial
La propuesta presidencial busca corregir aspectos operativos de la reforma judicial heredada de Andrés Manuel López Obrador. Introduce controles técnicos, como la creación de una comisión coordinadora para homologar criterios y aplicar exámenes a los aspirantes. Además, establece filtros que reducen el número de candidaturas: solo las cuatro personas mejor evaluadas por cargo pasan a una fase final, donde una tómbola selecciona dos nombres por plaza.
Este rediseño representa un viraje relevante respecto al modelo anterior, que había generado dudas sobre su viabilidad logística y riesgos de captura política.
Paquete electoral y nueva causal de nulidad
En el mismo paquete legislativo se discuten tres iniciativas en materia electoral. Una de ellas, también de autoría presidencial, propone un mecanismo para que el Instituto Nacional Electoral (INE) coordine evaluaciones de riesgo con información reservada de autoridades de seguridad, a fin de prevenir la infiltración de la delincuencia organizada en las candidaturas.
La enmienda más polémica busca modificar el artículo 41 constitucional para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por «intervención extranjera», lo que permitiría al Tribunal Electoral invalidar comicios donde existan indicios de injerencia de gobiernos o agentes foráneos.
Resistencias internas y próximos pasos
Esta última propuesta ha generado resistencia incluso dentro del oficialismo. Legisladores de Morena como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar se abstuvieron en votaciones previas en comisiones, y un grupo de diputados oficialistas planea expresar sus inconformidades en el pleno este miércoles, argumentando preocupación por la ambigüedad del concepto.
La reforma en lo general deberá ser discutida en lo particular este miércoles en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado, donde se prevé su aprobación definitiva el jueves.
