México, como país anfitrión del Mundial de Futbol 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, otorgó a la FIFA una serie de privilegios extraordinarios, incluyendo la exención total de impuestos y el control absoluto de los estadios sede desde el 1 de junio, según los términos firmados en un acuerdo de 102 páginas en 2018.
Beneficios económicos y legales para la FIFA
La FIFA, una organización catalogada como sin fines de lucro, proyecta ganancias por 13,000 millones de dólares durante el torneo. De esta suma, 4,000 millones provendrán de derechos televisivos, 1,800 millones de patrocinios y alrededor de 7,000 millones de la venta de boletos, accesos VIP y mercadotecnia.
El organismo rector del futbol mundial no pagará impuestos en México, una condición que también aplica en Estados Unidos y Canadá, y que ha sido replicada en anteriores sedes como Qatar, Rusia y Brasil.
Impacto económico limitado para México
En contraste, el impacto económico estimado para México es significativamente menor. Los cálculos de Banamex sugieren que el evento contribuirá con menos de 1,500 millones de dólares al Producto Interno Bruto nacional, lo que representa entre el 0.1% y el 0.16%. Además, se generarían unos 112,200 empleos temporales, equivalente al 0.19% del total de trabajos en el país, según un estudio de Deloitte.
La derrama económica del Mundial será apenas superior a los 20,000 millones de pesos que genera anualmente el Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México en solo tres días. La ocupación hotelera en las tres ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) no alcanzaría el 60%.
Control total y modificaciones legales
Durante el evento, la FIFA ejercerá autoridad completa sobre los estadios, lo que incluye eliminar los nombres de los patrocinadores locales. Así, recintos como el Banorte, AKRON y BBVA serán identificados únicamente por el nombre de su ciudad.
El acuerdo también obliga a México a realizar modificaciones legales, particularmente en materia de propiedad industrial, para combatir la ‘mercadotecnia parasitaria’ o de emboscada. Esto amplía drásticamente la protección de las marcas de los patrocinadores oficiales, más allá de los estadios.
Bajo esta nueva legislación, se podrá impedir el acceso a un aficionado que porte artículos que puedan interpretarse como publicidad de una marca no autorizada. Las empresas competidoras de los patrocinadores oficiales que intenten publicitar o vender productos cerca de los estadios enfrentarán multas millonarias y la posible destrucción de su mercancía.
Controversias y soberanía
La aplicación práctica de estas normas genera interrogantes sobre el alcance geográfico de las prohibiciones y la cantidad de recursos de seguridad que se destinarán a su vigilancia, en un país con tasas de impunidad superiores al 96%.
El documento firmado con la FIFA también incluye compromisos de infraestructura, como mejorar el Aeropuerto de la Ciudad de México y ofrecer servicios de telecomunicaciones de clase mundial sin costo para el organismo y sus invitados. Como ‘legado’, se contempla la construcción de 2,400 canchas de futbol para uso posterior al evento.
Las controversias laborales que involucren a futbolistas no podrán ser llevadas a tribunales mexicanos, ya que hacerlo podría resultar en la desafiliación de la FIFA, una organización con 211 países miembros, más que la ONU.
Un ejemplo del poder de negociación de la FIFA se vio en el conflicto con los dueños de los palcos del Estadio de la Ciudad de México. La organización cobró 1,000 millones de pesos por permitirles usar sus espacios durante los cinco partidos y además exigirá entre 20,000 y 50,000 dólares a cada uno por el servicio de alimentos y bebidas.
