Para quienes habitan Ciudad Juárez, la frontera con Estados Unidos es una realidad cotidiana que no se parece al resto del país. Familias divididas por la línea internacional, personas que nacieron en El Paso y crecieron en Juárez, trabajadores que cruzan a diario, estudiantes y matrimonios binacionales forman parte del tejido social de la región. Por eso, las recientes medidas del gobierno estadounidense contra el llamado ‘turismo de parto’ se viven de manera particular en esta frontera.
El pasado 6 de agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que endurece las acciones contra quienes ingresen a Estados Unidos con visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz. La disposición contempla negar la entrada, revocar visas e incluso imponer prohibiciones permanentes de ingreso. Aunque no es un tema nuevo —desde 2020 las reglas consulares permiten negar una visa cuando se considera que el propósito principal del viaje es que el hijo obtenga la ciudadanía estadounidense—, la medida ha generado inquietud en las comunidades fronterizas.
La diferencia entre fraude migratorio y vida cotidiana
La abogada y doctora en Administración Pública Daniela González Lara, columnista de esta casa editorial, plantea una distinción clave: una cosa es el fraude migratorio y otra la realidad histórica de las comunidades fronterizas. Mentir deliberadamente a una autoridad o participar en organizaciones que venden esquemas para obtener beneficios migratorios debe tener consecuencias. Sin embargo, para miles de familias juarenses, atenderse médicamente en El Paso, estudiar allá, trabajar allá e incluso tener a sus hijos allá nunca fue concebido como una operación migratoria sofisticada, sino como parte de vivir en la frontera.
González Lara señala que muchos conocen personas que nacieron en El Paso, han vivido prácticamente toda su vida en Juárez y conservan vínculos con ambos lados. También hay quienes viven en Juárez y trabajan diariamente en Texas. Esa convivencia ha existido durante generaciones y es una de las características más particulares de la región.
Por eso, preocupa que políticas diseñadas para perseguir redes organizadas terminen generando una presunción de culpabilidad sobre las familias fronterizas. Estar embarazada no puede convertirse, por sí mismo, en motivo de sospecha, advierte la especialista.
Debate jurídico y contexto global
El debate es aún más complejo porque el 30 de junio la Suprema Corte estadounidense resolvió que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran temporalmente o incluso ilegalmente en el país son ciudadanos al nacer conforme a la Decimocuarta Enmienda. La discusión jurídica está lejos de cerrarse, particularmente tras las nuevas órdenes de la administración Trump.
El endurecimiento de las políticas migratorias no es un fenómeno aislado. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ha impulsado mecanismos para procesar o retener migrantes fuera de su territorio, y la Unión Europea puso en vigor este año nuevas reglas con controles fronterizos más robustos. Los países tienen derecho a establecer reglas y sancionar el fraude, pero las buenas políticas públicas exigen proporcionalidad, contexto y sentido común, concluye González Lara.
Desde Ciudad Juárez, la realidad es que una frontera no solamente divide, también une. Y cuando lo que durante generaciones fue parte normal de la vida fronteriza comienza a convertirse automáticamente en objeto de sospecha, vale la pena preguntarse si se están combatiendo los abusos o si se está dejando de comprender lo que significa vivir en una verdadera comunidad binacional.
