Durante la gestión de Donald Trump, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en Estados Unidos cambió su metodología de supervisión, reduciendo la intervención directa ante irregularidades en servicios financieros para favorecer un modelo de diálogo con las empresas. Según reportes de ProPublica, la agencia, bajo la dirección interina de Russell Vought, disminuyó el uso de investigaciones formales y procedimientos legales, optando por resolver quejas mediante contactos directos con las compañías involucradas.
El caso Bilt y la falta de fiscalización
Un ejemplo claro de este cambio de estrategia fue el manejo de la empresa Bilt, proveedora de tarjetas de crédito para pagos de vivienda. A pesar de que las quejas contra la compañía subieron un 1,300 por ciento en febrero, la CFPB decidió no abrir una investigación oficial ni establecer acuerdos legales vinculantes. En su lugar, la agencia se limitó a recibir la información proporcionada por la propia empresa, aceptando su versión de que los errores en los pagos y bloqueos de tarjetas habían sido corregidos.
Sin embargo, la falta de una revisión profunda tuvo consecuencias: apenas dos semanas después de que la agencia diera por solucionado el problema, cerca de 1,900 usuarios de Bilt recibieron notificaciones erróneas de cobranza, afectando sus historiales crediticios. Ante esto, la CFPB no emitió ninguna declaración pública sobre este nuevo incidente.
Debilitamiento de la capacidad operativa
Este nuevo enfoque coincidió con un recorte significativo en los recursos de la agencia. De acuerdo con fuentes internas, el equipo de abogados especializados en políticas pasó de tener entre 40 y 50 integrantes a solo unos cinco. Además, los examinadores sufrieron restricciones para acceder a información directa y el tiempo destinado a las revisiones se redujo de ocho a tres semanas.
Aunque la administración Trump intentó desmantelar la estructura de la CFPB mediante despidos y recortes de presupuesto, diversas decisiones fueron frenadas por tribunales federales, los cuales determinaron que el gobierno no podía eliminar las funciones que el Congreso le asignó a la institución. No obstante, la forma en que la agencia ejerce su poder sí se transformó, cerrando casos de administraciones anteriores y limitando la transparencia en la publicación de quejas de los usuarios.
Transición en el mando de la agencia
Tras la salida de Vought de la dirección interina, el gobierno nombró a Brian Johnson, exejecutivo de Capital One, como director permanente. El debate actual sobre la CFPB se divide entre la discusión sobre su existencia como organismo federal y la metodología que utilizará para cumplir con sus tareas de vigilancia financiera.
