El equipo especial de la fiscalía de Corea del Sur solicitó este jueves que se le aplique la pena de muerte al expresidente Yoon Suk-yeol. El pedido responde a su intento de implementar la ley marcial en diciembre de 2024, un suceso que provocó una de las crisis institucionales más graves en la trayectoria democrática de la nación.
Aunque Yoon Suk-yeol ya contaba con una sentencia de cadena perpetua dictada en febrero de este año por liderar una insurrección, el exfuncionario decidió apelar dicha resolución. Debido a esto, el proceso legal se encuentra actualmente bajo la revisión del Tribunal Superior de Seúl.
Argumentos de la fiscalía
Durante el proceso, los fiscales han mantenido su postura de buscar el castigo máximo. Al respecto, uno de los fiscales señaló a la agencia Yonhap:
«No hay motivos para dudar a la hora de imponer la pena de muerte»
Es importante señalar que en un juicio previo la fiscalía ya había solicitado la pena de muerte, pero en esa ocasión el tribunal optó por reducir la condena a cadena perpetua.
Antecedentes del caso y contexto legal
La crisis se originó la noche del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial con el objetivo de detener las actividades de la Asamblea Nacional mediante el despliegue de fuerzas antidisturbios y el Ejército. No obstante, el Parlamento logró bloquear el decreto pocas horas después.
Derivado de estas acciones, el Tribunal Constitucional destituyó al exmandatario en abril del año pasado, tras determinar que no existían condiciones de emergencia que validaran el uso del decreto. Además de Yoon, otros funcionarios de su administración han recibido condenas, como el ex primer ministro Han Duck-soo, sentenciado a 15 años, y el ex titular de Defensa, Kim Yong-hyun, con 30 años de prisión.
Actualmente, Corea del Sur mantiene una moratoria de facto respecto a la pena capital, ya que la última ejecución registrada en el país ocurrió en 1997.
