La necesidad de depurar la burocracia en el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha vuelto un tema urgente, debido a que las estructuras de poder en las instituciones públicas no cambian automáticamente con la llegada de nuevos directivos. Según el análisis de Alejandro Pérez Cuéllar, existen miles de empleados y funcionarios que permanecen en sus puestos y han perdido la sensibilidad ante lo que la sociedad demanda.
El autor señala que, tras el periodo de nueve años de Lorenzo Córdova, el organismo enfrentaba un alto desprestigio, caracterizado por una burocracia excesiva, sueldos muy elevados y un uso ineficiente de los recursos. Aunque existía la expectativa de que la llegada de Guadalupe Taddei restauraría la confianza ciudadana, esto no ha ocurrido, ya que la actual Presidenta del INE ha optado por mantener las estructuras que ya estaban establecidas.
Antecedentes del nombramiento de Taddei
Al analizar la trayectoria de Taddei, se observa que es una funcionaria con una larga carrera en organismos electorales y con vínculos estrechos con los líderes anteriores del instituto; de hecho, fue nombrada Presidenta del Instituto Electoral de Sonora por Lorenzo Córdova. Su llegada a la presidencia del INE fue producto de un proceso extraordinario de insaculación en 2023, luego de que no se lograra el consenso de las dos terceras partes en la Cámara de Diputados.
Pérez Cuéllar aclara que no es correcto culpar a la presidenta Claudia Sheinbaum o al partido Morena por este nombramiento, pues fue una decisión compartida por todos los partidos políticos en el Congreso. Sin embargo, lamenta que la persona designada no haya cumplido con las exigencias que el puesto requiere.
El desafío de combatir la corrupción interna
El columnista menciona que Taddei tenía la oportunidad de desmantelar el grupo de empresas proveedoras de materiales electorales que, según indica, operan como una mafia que pacta con los presidentes en turno para obtener beneficios. Esta red de proveedores habría funcionado desde la gestión de Córdova y se extiende a la mayoría de los estados del país.
Finalmente, se advierte que el problema del INE no se solucionará simplemente cambiando nombres si se mantienen intactos los intereses que han convertido a la institución en un espacio de privilegios y negocios. El texto concluye que la limpieza de la burocracia es una deuda moral para garantizar que el árbitro electoral proteja el voto ciudadano y no los intereses particulares.
