El Partido Acción Nacional en Baja California Sur rechazó las declaraciones del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío sobre las acusaciones contra el mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya, catalogando su postura como irresponsable.
Advertencia sobre minimización del caso
Rigo Mares, presidente estatal del PAN, advirtió que la respuesta de un gobernante ante una acusación formal en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado no puede ser la descalificación o la minimización del asunto. Subrayó que no se trata de simples opiniones, sino de una acusación judicial formal de carácter internacional que debe tomarse con seriedad.
Mares afirmó que reducir una acusación de tal magnitud a una simple «intriga» o «calumnia» no solo es irresponsable, sino que normaliza algo inaceptable: la posibilidad de conexiones entre el poder público y el crimen organizado.
Consecuencias de relativizar
El dirigente panista señaló que minimizar una acusación internacional no es un acto de prudencia política, sino una forma de encubrimiento discursivo frente a hechos que deben esclarecerse con toda seriedad. Indicó que este tipo de posicionamientos desvían la atención de la gravedad del caso y envían un mensaje preocupante: que el poder puede optar por relativizar en lugar de exigir cuentas.
«Cuando se reduce una acusación formal a una ‘intriga’, se le resta peso a un señalamiento que involucra instituciones completas. Y eso debilita la confianza pública y abona a la impunidad», agregó.
Respaldo y llamado a la acción
El PAN en Baja California Sur respaldó la postura del Comité Ejecutivo Nacional al reiterar que la licencia solicitada por Rocha Moya no resuelve la crisis de fondo, ya que la acusación involucra a múltiples funcionarios y áreas estratégicas del poder público. «No se trata de un caso aislado. Se trata de una acusación que apunta a una posible captura de instituciones. Y frente a eso, la respuesta no puede ser minimizar ni cerrar filas», enfatizó.
Finalmente, hizo un llamado a que las autoridades actúen con responsabilidad, transparencia y firmeza ante una situación que, advirtió, exige investigación a fondo y rendición de cuentas. «México no puede permitirse que, ante señalamientos de esta gravedad, la respuesta sea relativizar o descalificar. La ley debe aplicarse con rigor y sin excepciones», concluyó.
