Un tribunal militar en la República Democrática del Congo revocó una sentencia previa y condenó a muerte al coronel Jean de Dieu Mambweni por su participación en el asesinato de dos expertos de la ONU en 2017.
Detalles de la condena y el crimen
El Tribunal Militar Superior de Kinsasa determinó que el militar organizó activamente los homicidios de Zaida Catalán, de nacionalidad sueco-chilena, y Michael Sharp, estadounidense, calificando el hecho como un crimen de guerra. La fiscalía militar había apelado una sentencia de 2022 que solo le impuso diez años de prisión por otros cargos, argumentando una responsabilidad mayor. Aunque la pena es capital, el país no ha realizado ejecuciones desde 2003, por lo que se prevé que sea conmutada a prisión perpetua.
Contexto de la investigación y las sospechas
Las víctimas fueron detenidas el 12 de marzo de 2017 por miembros de la milicia Kamuina Nsapu en un puente cerca de la aldea de Moyo-Musila, en la región de Kasai, donde investigaban reportes de masacres. Posteriormente fueron trasladadas a un bosque y ejecutadas a tiros; sus cuerpos fueron hallados 16 días después. El proceso judicial, que duró casi nueve años, también ratificó las condenas a muerte dictadas previamente contra decenas de integrantes de ese grupo armado.
Esto confirma que Zaida y Michael no fueron simplemente víctimas de un acto de violencia aleatorio
Elizabeth Morseby, hermana de Zaida Catalán, valoró que el tribunal reconociera la existencia de una conspiración, aunque señaló que la justicia sigue incompleta. Mencionó grabaciones atribuidas al coronel donde éste expresaba temor a que los investigadores pudieran incriminar a autoridades y descubrir fosas comunes ocultas.
Señalamientos de encubrimiento estatal
El caso ha estado rodeado de señalamientos de que los asesinatos beneficiaron intereses del Estado congoleño. Inicialmente, los fiscales descartaron la participación de agentes estatales, pero luego detuvieron a Mambweni y otros funcionarios acusados de colaborar con los rebeldes.
Todas las pruebas apuntan a que el doble asesinato de los expertos de la ONU constituye un delito de Estado, y un delito de Estado no se resuelve fácilmente
Paul Nsapu Mukulu, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la RDC, afirmó que era improbable que el coronel hubiera actuado solo. En enero, la organización Human Rights Watch criticó que el juicio de 2022 había omitido pruebas en video que mostraban a agentes gubernamentales ayudando a dirigir a los expertos hacia la emboscada.
